En un sorprendente giro de los acontecimientos, dos jóvenes de 18 y 19 años han sido arrestados en Gran Canaria por su implicación en la filtración de datos personales de altos funcionarios del Estado, incluyendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este caso ha puesto de manifiesto la creciente amenaza del cibercrimen y el uso indebido de la información personal en la era digital.
Los detenidos, que residían en Arinaga, un municipio del sureste de Gran Canaria, habían estado operando desde sus hogares, donde lanzaron un mensaje a sus seguidores en redes sociales anunciando la creación de un canal de Telegram para compartir «actualizaciones importantes». Sin embargo, estas actualizaciones eran, en realidad, filtraciones de información privada de políticos y ciudadanos, lo que llevó a su detención por parte de la Comisaría General de Información (CGI) bajo la acusación de terrorismo.
### Actividades delictivas y modus operandi
Los jóvenes hackers, identificados como Yoel O., conocido en el mundo digital como ‘Akkaspace’, y Cristian S., apodado ‘Pakito’, habían estado operando durante aproximadamente dos semanas, poniendo en jaque los sistemas de seguridad del Estado. Según las investigaciones, estos individuos no solo filtraron datos de figuras políticas como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y otros ministros, sino que también vendieron información privada a cambio de criptomonedas, específicamente 200 euros por cada acceso a datos sensibles.
La información que compartieron incluía números de identificación, direcciones, números de teléfono y correos electrónicos de sus víctimas. Entre los afectados se encontraban no solo políticos, sino también periodistas y exdirigentes de partidos políticos. La policía ha calificado estas acciones como una «grave amenaza para la seguridad nacional«, subrayando la seriedad de los delitos cometidos.
El modus operandi de los detenidos incluía la venta de datos a través de plataformas como Doxbin y Wedox, que son conocidas por facilitar la comercialización de información personal. Además, se ha revelado que una copia del censo electoral fue utilizada como una de las fuentes para obtener datos de los políticos y periodistas afectados.
### Implicaciones legales y futuras acciones
Tras su arresto, los jóvenes fueron trasladados a Madrid para declarar ante la Audiencia Nacional, donde enfrentarán cargos por ciberterrorismo. A pesar de su corta edad, la gravedad de los delitos cometidos ha llevado a las autoridades a actuar con firmeza. Ninguno de los detenidos contaba con antecedentes penales relacionados con ciberataques, lo que ha sorprendido a los investigadores.
La operación policial que resultó en su detención fue el resultado de una colaboración entre la Policía Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las Brigadas Provinciales de Información de Madrid y Las Palmas. Durante los registros en sus domicilios, se incautaron numerosos dispositivos electrónicos, incluyendo ordenadores, tabletas y discos duros, que ahora serán analizados para determinar el alcance total de la información que habían recopilado y compartido.
Este caso no solo destaca la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad en la era digital, sino que también plantea preguntas sobre la ética y la responsabilidad en el uso de la tecnología. La filtración de datos personales es un delito grave que puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas, y la creciente facilidad con la que los hackers pueden acceder a esta información es motivo de preocupación para las autoridades.
La detención de estos jóvenes hackers es un recordatorio de que el cibercrimen no conoce fronteras y que la protección de la información personal debe ser una prioridad tanto para los individuos como para las instituciones. A medida que la tecnología avanza, también lo hacen las tácticas utilizadas por los delincuentes, lo que hace que la educación y la concienciación sobre la ciberseguridad sean más importantes que nunca.
