El derecho a la información es un pilar fundamental en cualquier democracia, y en Canarias, este derecho se ha visto comprometido por la falta de respuesta de varias administraciones públicas. En 2024, un informe del Comisionado de Transparencia reveló que ciertas entidades han sido especialmente deficientes en atender las solicitudes de información de los ciudadanos. Este artículo explora las principales administraciones incumplidoras y las implicaciones de su silencio administrativo.
**Administraciones Públicas y su Responsabilidad**
La transparencia en la gestión pública es esencial para fomentar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Sin embargo, el incumplimiento de esta responsabilidad ha llevado a un aumento en las reclamaciones ante el Comisionado de Transparencia. En 2024, el Ayuntamiento de Fuencaliente se destacó como la administración con más reclamaciones, acumulando un total de 77. Le siguen el Servicio Canario de Salud con 52, el Cabildo de Gran Canaria con 49, y la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, también con 49. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con 42 reclamaciones, completa esta lista de las entidades más criticadas.
A pesar de estos números alarmantes, es importante señalar que estas administraciones no han sido penalizadas en el análisis de cumplimiento de transparencia realizado por el Comisionado, que abarca datos hasta finales de 2021 y 2022. Esto sugiere que, aunque no respondan a las solicitudes, pueden estar cumpliendo con otros criterios de transparencia. Sin embargo, el silencio administrativo es un problema que no puede ser ignorado, ya que afecta directamente a la capacidad de los ciudadanos para acceder a información pública.
**El Silencio Administrativo y sus Consecuencias**
El fenómeno del silencio administrativo se ha convertido en una de las principales razones detrás de las reclamaciones presentadas ante el Comisionado de Transparencia. En 2024, se registraron un total de 773 reclamaciones, muchas de las cuales se debieron a la falta de respuesta a las solicitudes de información. Este silencio no solo frustra a los ciudadanos, sino que también socava la confianza en las instituciones públicas.
La situación del Ayuntamiento de Fuencaliente es particularmente notable. En 2023, no recibió ninguna reclamación, pero en 2024 se convirtió en el más criticado. Este cambio abrupto sugiere que puede haber problemas internos que impiden una adecuada gestión de las solicitudes de información. Por otro lado, el Servicio Canario de Salud experimentó una disminución significativa en las reclamaciones, pasando de 220 en 2023 a 52 en 2024, lo que podría indicar una mejora en su gestión o una disminución en la demanda de información.
Otras administraciones también han sido objeto de reclamaciones, aunque en menor medida. La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias recibió 27 reclamaciones, mientras que el Cabildo de Lanzarote tuvo 22. A nivel municipal, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Las Palmas de Gran Canaria, Firgas, Barlovento y Arona también enfrentaron críticas por su falta de respuesta a las solicitudes de información.
La falta de personal es una de las razones más citadas por las administraciones incumplidoras. Muchas entidades locales argumentan que no cuentan con los recursos humanos necesarios para gestionar adecuadamente las solicitudes de información. Esta situación plantea un dilema: ¿cómo pueden las administraciones mejorar su transparencia si no tienen el personal suficiente para atender las demandas de los ciudadanos?
**Mejoras en la Gestión de la Transparencia**
A pesar de los problemas evidentes, el informe del Comisionado de Transparencia también destaca que la mayoría de las administraciones públicas han mejorado en su gestión de la transparencia. Esto es un indicativo positivo, ya que sugiere que, aunque algunas entidades no estén cumpliendo con sus obligaciones, hay un esfuerzo general por parte de muchas otras por ser más transparentes y accesibles.
La mejora en la gestión de la transparencia es crucial para restaurar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Las administraciones deben encontrar un equilibrio entre la carga de trabajo y la necesidad de responder a las solicitudes de información. Esto podría implicar la contratación de más personal o la implementación de sistemas más eficientes para gestionar las solicitudes.
En resumen, la situación de la transparencia en Canarias es un reflejo de los desafíos que enfrentan muchas administraciones públicas en todo el mundo. La falta de respuesta a las solicitudes de información no solo afecta a los ciudadanos, sino que también pone en entredicho la legitimidad de las instituciones. Es fundamental que las administraciones tomen medidas para abordar estos problemas y garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la información de manera efectiva.