Las comunidades autónomas de España se enfrentan a un nuevo reto en la gestión de la acogida de menores migrantes. A pesar de las resistencias políticas y la saturación de servicios, el Gobierno ha implementado un decreto que obliga a las regiones a asumir su parte en la atención de estos niños y niñas. Este artículo explora las implicaciones de esta medida y las reacciones de las distintas comunidades autónomas.
**La Nueva Normativa y su Impacto**
El reciente decreto aprobado por el Consejo de Ministros establece que las comunidades autónomas deben acoger a un número determinado de menores migrantes no acompañados. Esta medida responde a la situación crítica que se vive en Canarias y Ceuta, donde la capacidad de acogida ha sido superada de manera alarmante. En Canarias, por ejemplo, la capacidad ordinaria es de 737 plazas, pero actualmente se están atendiendo a más de 5,000 menores, lo que representa un 580% de sobrecarga.
La normativa establece que las comunidades pueden solicitar una situación de contingencia migratoria extraordinaria si su capacidad de acogida se ve superada por más del triple. Esto implica que, en un plazo de 15 días desde la inscripción de un menor en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, el Estado puede redistribuir a los niños entre las regiones para garantizar una atención digna. Sin embargo, la implementación de esta medida no ha estado exenta de controversia.
Las comunidades gobernadas por el Partido Popular, junto con Castilla-La Mancha, han expresado su desacuerdo con la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, argumentando que invade sus competencias. Madrid ha llevado su oposición al Tribunal Supremo, mientras que Baleares ha solicitado la suspensión cautelar de las derivaciones hacia su comunidad, citando la saturación de sus servicios de acogida como un impedimento para garantizar una atención adecuada.
**Reacciones y Desafíos Regionales**
Las reacciones ante el decreto han sido variadas. Mientras algunas comunidades, como Cantabria, han mostrado disposición para colaborar en la acogida de menores, otras han manifestado su rechazo. Aragón y Murcia han amenazado con recurrir a todos los actos normativos que impongan el reparto forzoso de menores, calificando la medida de discriminatoria. Por su parte, Andalucía ha solicitado ser considerada como «frontera» en las derivaciones, lo que complicaría aún más la situación.
El Gobierno de España ha defendido la medida como un paso crucial para garantizar los derechos de la infancia migrante. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha enfatizado la obligación del país de ofrecer una acogida digna y solidaria. Sin embargo, la falta de consenso entre las comunidades y la presión sobre los servicios de acogida plantean serios desafíos.
La distribución de menores se basa en criterios objetivos, incluyendo la población, la renta per cápita y la tasa de desempleo, entre otros. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar, especialmente de aquellas regiones que se sienten desproporcionadamente afectadas por la redistribución. Cataluña y el País Vasco, que han quedado fuera de la distribución debido a su esfuerzo previo en la acogida, han ofrecido plazas disponibles, lo que refleja una voluntad de colaboración a pesar de la controversia.
La financiación es otro aspecto crítico en este proceso. El Gobierno ha establecido un fondo extraordinario de 100 millones de euros para la atención de los menores, pero muchas comunidades consideran que esta cantidad es insuficiente. La consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Candelaria Delgado, ha expresado su preocupación por la falta de recursos y ha instado al Gobierno central a garantizar financiación no solo por un año, sino hasta que los menores alcancen la mayoría de edad.
Desde que se declaró la emergencia migratoria en agosto de 2023, Canarias ha asumido la responsabilidad de atender a más de 5,000 menores migrantes. Sin embargo, la presión sobre los recursos y la necesidad de una respuesta coordinada entre las comunidades autónomas son más evidentes que nunca. La situación actual plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para gestionar la acogida de menores migrantes en un contexto de creciente presión política y social.
La situación de los menores migrantes no acompañados en España es un reflejo de los desafíos más amplios que enfrenta el país en términos de inmigración y derechos humanos. A medida que las comunidades autónomas se preparan para cumplir con las nuevas obligaciones, la necesidad de un enfoque solidario y coordinado se vuelve más urgente que nunca.
