La situación del funcionariado en Canarias ha sido objeto de debate en los últimos meses, especialmente en el contexto de la modificación de la ley de Empleo Público. Manuel González, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), ha expresado su preocupación por la falta de avances en este proceso, que comenzó en enero de este año. En una reciente entrevista, González abordó las demandas de los empleados públicos y la necesidad de una reforma que responda a las realidades actuales del sector.
### La Lucha por la Carrera Profesional
Uno de los temas más candentes en la agenda del funcionariado canario es el reconocimiento y abono de la carrera profesional. Recientemente, el personal administrativo se concentró en Tenerife para protestar por el incumplimiento de este derecho. Según González, la convocatoria fue bien recibida, con una participación notable que refleja el descontento generalizado. «La gente está por la labor», afirmó, y anticipó que habrá más movilizaciones, incluida una próxima en Gran Canaria.
Sin embargo, la respuesta del gobierno ha sido insuficiente. González criticó la reciente ley de presupuestos, que incluye una disposición final que, a su juicio, no aporta nada concreto. «Es como decir y no decir nada», comentó, refiriéndose a la falta de compromisos claros para implementar la carrera profesional en el futuro inmediato. A pesar de que se ha prometido una mesa de trabajo para discutir estos temas, los sindicatos han estado esperando respuestas desde diciembre del año pasado, lo que ha generado frustración entre los empleados públicos.
El número de personas afectadas por esta situación es significativo, con estimaciones que rondan entre 13,000 y 14,000 empleados en todas las islas. Esta cifra pone de manifiesto la magnitud del problema y la urgencia de encontrar soluciones efectivas. La falta de avances en la carrera profesional no solo afecta a los derechos laborales de estos trabajadores, sino que también impacta en la calidad del servicio público que se ofrece a la ciudadanía.
### La Necesidad de una Nueva Ley de Empleo Público
La Consejería de Presidencia tiene como objetivo redactar una nueva ley de Empleo Público, que no ha sido actualizada en más de 40 años. Sin embargo, González ha expresado su escepticismo sobre la posibilidad de que esta ley se concrete antes de que finalice la legislatura. «Es el cuento de la lechera», afirmó, sugiriendo que las promesas del gobierno no se están materializando en acciones concretas. A pesar de haber mantenido conversaciones con el gobierno, no se ha avanzado en la negociación colectiva, lo que ha llevado a una sensación de estancamiento.
Las principales demandas que el sindicato busca incluir en el nuevo texto son la visibilidad de las administraciones públicas canarias, la movilidad entre ellas y una mayor celeridad en los procesos de oposiciones. González enfatizó la necesidad de simplificar los procesos selectivos, sugiriendo que deberían incluir un examen tipo test o práctico, seguido de un curso de formación interna. Esto garantizaría que los nuevos empleados estén preparados para asumir sus funciones desde el primer día, lo que es crucial para la eficiencia del servicio público.
Además, el teletrabajo ha sido un tema de discusión. González argumenta que esta modalidad no debe ser vista como un obstáculo, sino como una herramienta valiosa para reducir el absentismo laboral. Sin embargo, la administración ha sido reacia a implementarlo de manera efectiva, limitando su uso a un 10% o 20%. Esta falta de adaptación a nuevas formas de trabajo ha contribuido a la escasez de funcionarios, ya que las bajas no se cubren con la rapidez necesaria. En promedio, se tarda un año en cubrir una baja, lo que resulta en una carga adicional para el personal restante.
La externalización de servicios como solución a la falta de personal también ha sido criticada por González, quien considera que esta práctica socava la gestión pública. La situación se complica aún más con el envejecimiento del personal laboral, que presenta una media de edad de 55 años o más. Sin una renovación adecuada y oportunidades de promoción, el sector corre el riesgo de perder valiosos conocimientos y experiencia.
En resumen, la situación del funcionariado en Canarias es un reflejo de la necesidad urgente de reformas en el ámbito del empleo público. Las demandas de los empleados son claras y requieren una respuesta efectiva por parte del gobierno. La falta de avances en la carrera profesional, la necesidad de una nueva ley de Empleo Público y la adaptación a nuevas formas de trabajo son solo algunos de los desafíos que deben abordarse para garantizar un servicio público eficiente y justo para todos los ciudadanos.
