La reciente decisión del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha dejado claro que la inacción prolongada puede tener consecuencias significativas en el ámbito legal. En este caso, la demanda presentada por Promociones Isla Verde SA (Proivesa) para recuperar los terrenos donde se encuentran los hoteles Lago Taurito y Valle Taurito ha sido desestimada. Este fallo no solo afecta a la empresa demandante, sino que también tiene implicaciones para el desarrollo turístico en la región de Mogán.
### Contexto del Caso
Promociones Isla Verde SA, que ha estado inactiva desde su declaración de concurso en 1991, reclamaba la propiedad de terrenos que fueron segregados de una finca matriz en una operación que fue declarada nula por los juzgados en 1997. Esta operación fue considerada fraudulenta, y el Tribunal Supremo confirmó la nulidad en 2005. Sin embargo, a pesar de la claridad de las decisiones judiciales anteriores, Proivesa no tomó medidas efectivas para recuperar los terrenos durante más de dos décadas.
El magistrado Alberto López Villarrubia, encargado de dictar la resolución el 22 de octubre de 2025, argumentó que la falta de acción por parte de Proivesa durante más de 20 años implica la caducidad de su derecho a reclamar. En su fallo, el juez subrayó que la empresa no solo dejó pasar el tiempo, sino que también permitió que los terrenos fueran utilizados para el desarrollo de complejos hoteleros, lo que complicó aún más la situación.
La decisión judicial se basa en el principio de que la justicia no puede ser utilizada como un arma para reabrir casos cerrados, especialmente cuando la parte demandante ha mostrado una falta de diligencia en la defensa de sus derechos. Mar Abierto, la empresa que adquirió la mayoría de los activos de Proivesa, y Hermanos Santana Cazorla, que se opuso a la demanda, argumentaron que la acción de Proivesa era desleal y que la restitución de los terrenos causaría un perjuicio económico y social considerable.
### Implicaciones para el Desarrollo Turístico
La resolución del juzgado no solo afecta a Proivesa, sino que también tiene un impacto directo en el sector turístico de Mogán. Los hoteles Lago y Valle Taurito son parte integral de la oferta turística de la región, y su desarrollo ha contribuido significativamente a la economía local. La decisión de mantener estos terrenos bajo la propiedad de Mar Abierto significa que el desarrollo turístico en la zona puede continuar sin interrupciones.
La administración concursal de Mar Abierto había solicitado que se declarara un supuesto de accesión invertida, lo que habría permitido que los terrenos pasaran definitivamente a la sociedad edificante. Sin embargo, esta petición también fue rechazada, lo que refuerza la idea de que la justicia está dispuesta a proteger los derechos de quienes han actuado de buena fe y han invertido en el desarrollo de la región.
Además, la intervención de otras empresas como Isla Marina SL y Katanga Inversiones SL, que también están vinculadas al grupo empresarial de los Santana Cazorla, añade una capa de complejidad al caso. Katanga argumentó que la finca matriz le correspondía en virtud del convenio de acreedores aprobado en la quiebra de Proivesa en el año 2000. Sin embargo, el magistrado no se pronunció sobre este punto, ya que está pendiente de resolución en otro procedimiento civil.
La decisión del juzgado también pone de relieve la importancia de la diligencia en el ejercicio de los derechos legales. La falta de acción por parte de Proivesa durante tantos años ha llevado a la pérdida de una oportunidad para recuperar los terrenos, lo que podría haber cambiado el rumbo de la empresa y su capacidad para operar en el sector turístico.
En resumen, este caso es un claro recordatorio de que la justicia no solo se basa en la ley, sino también en la acción y la responsabilidad de las partes involucradas. La inacción puede resultar en la pérdida de derechos, y en este caso, ha permitido que el desarrollo turístico en Mogán siga adelante sin obstáculos. La resolución del juzgado es un paso importante para garantizar la estabilidad y el crecimiento en el sector turístico de la región, y subraya la necesidad de que las empresas actúen con prontitud y diligencia en la defensa de sus derechos.
