La situación política en Canarias se ha visto sacudida por las recientes declaraciones y el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha puesto en el punto de mira al expresidente canario y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Este informe ha generado un intenso debate entre los partidos políticos de la región, especialmente entre el Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC), quienes han expresado su descontento y preocupación por las implicaciones de las revelaciones sobre la gestión de contratos de material sanitario durante la pandemia de Covid-19.
Las acusaciones en torno a Torres se centran en su supuesta relación con la empresa Soluciones de Gestión y su vinculación con el ‘caso Koldo’, un escándalo que ha dejado a muchos cuestionando la integridad del exmandatario. Jacob Qadri, vicesecretario de Organización del PP en Canarias, ha sido uno de los más vocales en criticar a Torres, afirmando que el informe de la UCO demuestra que el PSOE, bajo su liderazgo, abrió las puertas a la corrupción. Según Qadri, Torres ha mentido en varias ocasiones, tanto en el Parlamento como en el Senado, al negar su relación con el empresario Víctor de Aldama, quien está relacionado con el caso en cuestión.
Qadri ha señalado que el ex presidente del Gobierno de Canarias no solo ha bloqueado la investigación parlamentaria sobre la compra de material sanitario, sino que también ha presionado a los técnicos para que se aprobaran pagos a una trama corrupta. En este contexto, el portavoz popular ha solicitado la dimisión de Torres, argumentando que su falta de transparencia y su aparente complicidad en la corrupción son inaceptables. La indignación de Qadri es palpable, ya que considera que los canarios son las verdaderas víctimas de las acciones de Torres, quien, según él, estaba plenamente consciente de lo que sucedía en torno a los contratos de material sanitario.
Por otro lado, la diputada de Coalición Canaria, Vidina Espino, también ha criticado a Torres, señalando que su comportamiento durante la comisión de investigación fue engañoso. Espino ha afirmado que el informe de la UCO revela que Torres ejerció presión sobre una funcionaria para que se pagara una factura a la empresa de Aldama, contradiciendo sus declaraciones anteriores en las que negaba conocer a dicha persona. Esta situación ha llevado a CC a solicitar que se incorpore el informe de la UCO a los trabajos de la comisión, con el fin de esclarecer las contradicciones en las que, según ellos, ha incurrido Torres.
Sin embargo, no todos los sectores políticos ven a Torres de la misma manera. Casimiro Curbelo, líder de Agrupación Socialista Gomera (ASG) y ex socio de gobierno de Torres, ha defendido su integridad, describiéndolo como un «honesto, cumplidor, trabajador y luchador por esta tierra». Curbelo ha manifestado que, en su opinión, el informe de la UCO no demuestra ninguna culpabilidad del ex presidente, y ha criticado las peticiones de dimisión del PP, considerándolas infundadas. Para él, Torres actuó dentro de los límites de su responsabilidad y no debería ser objeto de acusaciones sin fundamento.
La secretaria general de Podemos Canarias, Noemí Santana, también ha salido en defensa de Torres, afirmando que no ve indicios de delito en su gestión durante la crisis sanitaria. Según Santana, en un momento de caos y necesidad de material, es comprensible que se tomaran decisiones rápidas, y no considera que la intervención de Torres en la reclamación de pagos sea reprochable. Esther González, de Nueva Canarias, ha expresado una opinión similar, calificando las acusaciones contra Torres como «impresentables» y «denigrantes», y ha subrayado que, en el contexto de la pandemia, no se conocía la magnitud de la corrupción que ahora se investiga.
Este conflicto político en Canarias pone de manifiesto la polarización existente en la región, donde las acusaciones de corrupción y falta de transparencia están a la orden del día. La situación de Ángel Víctor Torres es un reflejo de las tensiones entre los diferentes partidos y la lucha por el poder en un momento crítico para la comunidad. A medida que avanza la investigación y se revelan más detalles, es probable que la controversia continúe alimentando el debate político en Canarias, con implicaciones que podrían afectar no solo a los involucrados, sino también a la percepción pública de la política en la región.
