La reciente crisis eléctrica que afectó a la Península Ibérica ha puesto de manifiesto la urgencia de modernizar una red de distribución que ha quedado obsoleta. El apagón del 28 de abril no solo reveló las debilidades del sistema energético español, sino que también ha desatado una intensa batalla política y económica entre las compañías eléctricas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En este contexto, el plazo para presentar alegaciones a la nueva tasa de retribución del 6,46% para el periodo 2026-2031 ha finalizado, dejando un clima de incertidumbre sobre las futuras inversiones en el sector.
Las principales eléctricas, como Iberdrola y Endesa, han manifestado su rechazo a la propuesta de la CNMC, argumentando que la tasa es insuficiente y no refleja la realidad del mercado europeo. Aelec, la asociación que agrupa a las principales empresas del sector, ha exigido una retribución más coherente, sugiriendo un porcentaje cercano al 7,5%. Esta discrepancia ha llevado a los líderes de estas compañías a advertir que, de no revisarse la tasa al alza, se verán obligados a reducir sus inversiones en infraestructura.
Ignacio Sánchez Galán, CEO de Iberdrola, ha señalado que la propuesta actual envía «señales claramente negativas» para la inversión en redes. En respuesta a esta situación, la compañía ha anunciado una ampliación de capital de 5.000 millones de euros, destinada a aprovechar oportunidades de inversión en mercados más favorables, como Estados Unidos y Reino Unido. Por su parte, José Bogas, CEO de Endesa, ha calificado la situación de «austericidio», advirtiendo que la falta de una retribución adecuada podría comprometer la capacidad de las empresas para mantener y modernizar las redes eléctricas.
El papel de la CNMC es crucial en este proceso, ya que debe evaluar las alegaciones presentadas y elevar una propuesta definitiva al Consejo de la CNMC antes de remitirla al Consejo de Estado. Se espera que la norma final sea aprobada en el último trimestre del año, lo que podría tener un impacto significativo en el sector energético español.
El debate sobre la retribución de las redes eléctricas no solo afecta a las empresas, sino que también tiene repercusiones directas en los consumidores. Un aumento en la retribución de las redes se traduce en mayores peajes, lo que incrementa el coste de la electricidad para los usuarios. Según los expertos, es fundamental encontrar un equilibrio que permita a las empresas realizar las inversiones necesarias sin que esto repercuta de manera excesiva en el bolsillo de los ciudadanos.
La propuesta del 6,46% ha sido criticada por varios analistas del sector, quienes advierten que podría dificultar la atracción de inversiones necesarias para superar los cuellos de botella en el acceso a las redes. Marta Sánchez Álvarez, socia responsable de Energía en EY España, ha señalado que la metodología actual podría comprometer la capacidad de las empresas para mantener las redes en condiciones óptimas. La reducción de los gastos operativos, que se estima en 500 millones de euros para 2026, podría tener efectos adversos en la eficiencia operativa de las compañías.
Además, la incertidumbre sobre el futuro del consumo energético en España se traduce en un riesgo adicional para las empresas distribuidoras. La falta de claridad sobre cómo evolucionará la demanda puede desincentivar el despliegue de infraestructuras en un momento crítico para la transición energética del país. La situación se complica aún más con el reciente aumento del 14% en el recibo de la luz en julio, lo que ha generado un descontento generalizado entre los consumidores.
El contexto actual también se ve influenciado por el debate sobre la prórroga de las centrales nucleares en España. Las negociaciones entre el Gobierno y las empresas propietarias de estas instalaciones, como Iberdrola y Endesa, han puesto de manifiesto la complejidad del reparto de costes asociados a una posible extensión del calendario de cierre. El Ejecutivo ha dejado claro que cualquier medida no debe suponer un mayor coste para los ciudadanos, lo que añade una capa adicional de tensión a la situación.
En este escenario, la CNMC se enfrenta al desafío de establecer una retribución que no solo sea justa para las empresas, sino que también garantice la sostenibilidad del sistema energético y la protección de los consumidores. La presión por parte de las eléctricas y la necesidad de un marco regulatorio que fomente la inversión son factores que deben ser considerados cuidadosamente en el proceso de toma de decisiones.
La situación actual refleja la complejidad de la transición energética en España, donde la modernización de la infraestructura eléctrica es esencial para garantizar un suministro fiable y sostenible. A medida que se acerca la fecha de aprobación de la nueva normativa, el sector energético se mantiene en alerta, esperando que se tomen decisiones que no solo beneficien a las empresas, sino que también protejan los intereses de los consumidores y promuevan un futuro energético más sostenible.
