La situación del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 112) en Canarias ha entrado en una fase crítica con el inicio de una huelga indefinida por parte de los trabajadores de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC). Este conflicto se ha intensificado debido a la decisión del Gobierno de Canarias de dividir el servicio de emergencias, lo que ha generado un fuerte debate sobre la eficacia y la coordinación del sistema de atención a emergencias en la región.
La administración regional ha defendido que la reestructuración busca mejorar la operatividad del Cecoes 112, trasladando parte de sus funciones a Gesplan, una empresa pública que se encargará de gestionar ciertos aspectos del servicio. Según el viceconsejero de Emergencias, Marcos Lorenzo, esta medida tiene como objetivo fortalecer el Centro de Coordinación Operativa (Cecop), que ha sido considerado insuficiente en su capacidad para manejar situaciones de emergencia, como incendios, temporales o erupciones volcánicas. Lorenzo ha afirmado que los derechos laborales de los 150 empleados que se verían afectados por esta reestructuración están garantizados por ley y que existe una voluntad política de llegar a acuerdos.
Sin embargo, los trabajadores han expresado su descontento, argumentando que la separación del servicio no responde a razones técnicas, sino a conflictos internos entre diferentes consejerías del Gobierno. Andrés Pérez, presidente del comité de empresa en Las Palmas, ha denunciado que esta decisión podría comprometer la eficacia del servicio, ya que la coordinación entre los equipos es fundamental para una respuesta rápida y efectiva ante emergencias. Los trabajadores sostienen que, al dividir el 112 en dos entidades, la atención a la ciudadanía se verá afectada negativamente.
### Servicios Mínimos y Estrategias de Protesta
Otro punto de tensión en este conflicto son los servicios mínimos establecidos por el Gobierno, que han sido calificados por los trabajadores como «abusivos». La administración ha decretado que el 100% del personal debe estar disponible para garantizar la atención a emergencias, lo que ha llevado a que muchos empleados, que normalmente no trabajan durante fines de semana o festivos, se vean obligados a acudir a sus puestos. Esta situación ha limitado las posibilidades de los trabajadores para hacer visible su protesta, obligándolos a recurrir a redes sociales y movilizaciones con personal que no está en servicio para mantener la visibilidad del conflicto.
Pérez ha señalado que esta medida ha dejado a los trabajadores con un margen muy pequeño para expresar su descontento, lo que ha llevado a una creciente frustración entre el personal. La falta de información clara sobre qué perfiles laborales serán transferidos a Gesplan y las garantías sobre sus condiciones laborales han alimentado la desconfianza hacia el Gobierno. Los sindicatos han criticado la opacidad del proceso y han exigido mayor transparencia en las decisiones que afectan a sus derechos laborales.
### Futuro del Servicio de Emergencias
A pesar de las promesas del Gobierno de que la transición será gradual y no afectará la operatividad del servicio, la incertidumbre persiste entre los trabajadores y la ciudadanía. La huelga continúa, y la falta de confianza entre ambas partes deja en el aire el futuro inmediato del 112 canario. Los sindicatos han manifestado su preocupación por la posible disminución de la calidad del servicio, lo que podría tener repercusiones graves en la atención a emergencias en un territorio que enfrenta desafíos naturales significativos.
La creación de una futura Agencia Canaria de Emergencias, que el Gobierno espera tener en marcha para 2026, ha sido presentada como una solución a largo plazo. Sin embargo, los trabajadores exigen que se priorice la estabilidad y la eficacia del servicio en el presente, antes de implementar cambios estructurales que podrían comprometer la atención a la ciudadanía.
En este contexto, la situación del Cecoes 112 en Canarias se convierte en un tema de gran relevancia, no solo para los trabajadores del servicio, sino también para la población que depende de una respuesta rápida y efectiva ante emergencias. La resolución de este conflicto será crucial para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en un entorno donde las emergencias pueden surgir en cualquier momento.
