La situación de los menores migrantes en Canarias ha sido un tema de creciente preocupación en los últimos años, especialmente en el contexto de la crisis migratoria que afecta a Europa. Recientemente, la directora general de Infancia del Gobierno canario, Sandra Rodríguez, anunció un avance significativo en la atención a estos jóvenes, destacando la importancia de realizar valoraciones y entrevistas individualizadas a los menores asilados en los centros de las islas. Este cambio busca mejorar las condiciones de vida de estos chicos y facilitar su integración en la sociedad canaria.
La decisión de llevar a cabo estas valoraciones sin necesidad de trasladar a los menores al Canarias 50, un centro que ha sido criticado por sus condiciones, representa un paso adelante en la gestión de la crisis migratoria. Hasta ahora, las entrevistas se realizaban únicamente con niñas y jóvenes, debido a la falta de espacios adecuados para los chicos en el antiguo acuartelamiento de Gran Canaria. Con este nuevo enfoque, se espera agilizar el proceso de determinación de recursos y garantizar que los menores reciban la atención y el apoyo que necesitan para continuar con su proyecto migratorio a través de la protección internacional.
### Necesidad de Plazas Estatales para Menores Asilados
Uno de los puntos más críticos que abordó Rodríguez es la falta de plazas estatales para menores asilados en Canarias. Actualmente, no existen recursos suficientes para atender a todos los jóvenes que han llegado al archipiélago en busca de protección. La directora general subrayó que muchos de estos menores tienen arraigo en las islas y, por lo tanto, es fundamental que el Estado considere la creación de centros específicos para su acogida.
La situación es alarmante, ya que se estima que entre 30 y 40 menores se encuentran actualmente en el Canarias 50, un lugar que no cumple con los estándares adecuados para su bienestar. En comparación, en la península, los chicos que han sido trasladados están en centros más pequeños y con mejores condiciones, lo que resalta la necesidad urgente de mejorar la infraestructura en Canarias. Rodríguez enfatizó que el Estado debe atender este derecho de los menores, ya que la protección internacional es un compromiso que debe ser garantizado tanto en la península como en las islas.
El Gobierno canario ha solicitado al Estado una respuesta clara sobre la creación de estos centros, y aunque se ha indicado que se está estudiando la posibilidad, aún no hay un compromiso firme. Esta incertidumbre genera preocupación, ya que los menores continúan en condiciones de hacinamiento y sin el apoyo necesario para su desarrollo personal y social.
### Determinación de Edad y Procedimientos de Traslado
Otro aspecto relevante que se abordó en la reunión interadministrativa es la determinación de la edad de los menores migrantes. Con el fin de evitar confusiones y problemas en el proceso de traslado, el Gobierno canario ha decidido implementar pruebas de determinación de edad. Esta medida busca garantizar que los menores sean tratados adecuadamente y que no se produzcan traslados erróneos a la península, donde algunos han resultado ser mayores de edad.
Rodríguez explicó que esta competencia recae en las comunidades de acogida, pero el Gobierno de Canarias quiere evitar conflictos y asegurar que todos los menores sean correctamente identificados. En una reciente operación, se identificó que de 15 personas que llegaron, seis resultaron ser mayores de edad, lo que subraya la importancia de este proceso. La directora general también mencionó que el retraso en los expedientes de traslado en la Subdelegación del Gobierno está complicando aún más la situación, ya que los menores deben ser informados sobre su destino en un plazo de 15 días, algo que no siempre se está cumpliendo.
La situación de los menores migrantes en Canarias es un reflejo de los desafíos más amplios que enfrenta Europa en términos de migración y asilo. La falta de recursos adecuados y la necesidad de un enfoque más humano y comprensivo son aspectos que deben ser abordados con urgencia. La atención a estos jóvenes no solo es una cuestión de derechos humanos, sino también una inversión en el futuro de la sociedad canaria, que se beneficiará de la integración y el desarrollo de estos menores en su comunidad.