El Gobierno de Canarias se encuentra en un momento crucial en su búsqueda de una financiación autonómica justa y equitativa. El presidente regional, Fernando Clavijo, ha convocado a los portavoces de los grupos parlamentarios para el próximo 2 de septiembre con el objetivo de establecer un frente común en defensa de los intereses económicos de las islas. Esta reunión se produce en un contexto en el que la comunidad canaria se opone a la financiación singular que se ha propuesto para Cataluña, argumentando que tal medida podría desestabilizar el sistema de financiación autonómica en su conjunto.
**La Búsqueda de Recursos Justos para Canarias**
La reunión del 2 de septiembre tiene como propósito principal unir a todos los grupos parlamentarios en una demanda colectiva por un sistema de financiación que contemple las necesidades de cada comunidad autónoma de manera equilibrada. El portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, ha enfatizado que otorgar un trato preferencial a una sola comunidad podría poner en riesgo la cohesión del sistema de financiación autonómica, lo que podría llevar a una fragmentación en las relaciones entre las distintas regiones del país.
En este sentido, el Gobierno de Canarias está trabajando arduamente para garantizar un marco financiero que permita abordar los desafíos económicos y sociales que enfrenta el archipiélago. La incertidumbre sobre las transferencias del Estado y de la Unión Europea ha condicionado la planificación económica, lo que hace que la reunión del 2 de septiembre sea un momento clave para clarificar los compromisos financieros que se tienen con Canarias. La agenda incluye temas prioritarios como la reconstrucción de La Palma, la política de vivienda y la gestión de emergencias.
Uno de los puntos críticos que se abordará en la reunión es la necesidad de asegurar los 200 millones de euros que el Gobierno reclama para continuar con la reconstrucción de La Palma, tras la devastadora erupción del volcán en 2021. Este fondo es esencial para garantizar que las obras y ayudas a los afectados no se detengan, y que se pueda avanzar en la recuperación de la isla.
**Compromisos y Proyectos para el Futuro**
El compromiso del Gobierno de Canarias con la recuperación de La Palma es firme. Hasta la fecha, se han abonado todas las compensaciones a las 1.415 familias que perdieron sus viviendas en la erupción. La consejera Nieves Lady Barreto ha destacado que el Gobierno tiene la intención de devolver un total de 600 millones de euros que se valoraron como pérdidas privadas en la isla. A partir de septiembre, se iniciará la valoración de 545 segundas residencias y edificaciones agrarias, lo que permitirá establecer un tercer plan de pagos en 2026.
Además, el Gobierno de Canarias está trabajando en un decreto ley que se presentará al Estado en las próximas semanas. Este decreto, conocido como el Decreto Ley Canario, tiene como objetivo agilizar el cumplimiento de la Agenda Canaria y evitar retrasos en los compromisos ya adquiridos. El texto incluirá temas cruciales como el convenio de obras hidráulicas, las ayudas para la construcción en La Palma, y la regulación de la vivienda.
Cabello ha subrayado que no se trata de abrir nuevas negociaciones, sino de dar un cauce inmediato a los acuerdos ya firmados que llevan meses pendientes de ejecución. La idea es que, al concentrarse en un único texto, los compromisos con Canarias no se vean atrapados en la dinámica parlamentaria estatal. Esto permitirá que se visualicen claramente los apoyos y resistencias en torno a las demandas canarias, facilitando así la identificación de las fuerzas políticas que realmente apoyan a las islas.
El Gobierno de Canarias también ha delineado siete objetivos clave que espera que el Estado y la Unión Europea respalden en su camino hacia la recuperación. Estos incluyen la aprobación de los presupuestos de 2026, la defensa de la solidaridad territorial, el impulso a la política de vivienda, el blindaje del estatus de región ultraperiférica en la UE, la gestión de emergencias vigentes, el fortalecimiento del sector primario y turístico, y la digitalización de la administración pública.
En resumen, el Gobierno de Canarias está en una posición de firmeza y determinación para asegurar que la financiación autonómica sea equitativa y que se respeten los derechos de todas las comunidades. La reunión del 2 de septiembre se presenta como una oportunidad para que los representantes de las islas se unan en una voz común, defendiendo sus intereses y buscando soluciones que beneficien a todos los canarios.
