La comunidad autónoma de Canarias ha dado un paso significativo en la gestión de desastres naturales al aprobar la primera Ley de Volcanes en España. Este hito legislativo se produce en el cuarto aniversario de la devastadora erupción del volcán Tajogaite en La Palma, un evento que dejó profundas cicatrices en la población y el entorno. La ley, que ha sido consensuada por los siete grupos políticos del Parlamento de Canarias, busca establecer un marco integral y coordinado para la recuperación ante futuras erupciones volcánicas, garantizando los derechos de los afectados y facilitando el proceso de reconstrucción.
La Ley de Volcanes surge como respuesta a una iniciativa legislativa popular que obtuvo más de 18,000 firmas en apoyo. Este respaldo ciudadano ha sido fundamental para que la normativa avance en el Parlamento, donde ha sido debatida y enmendada para mejorar su efectividad. La aprobación definitiva se espera en el pleno de la próxima semana, lo que marcará un nuevo capítulo en la gestión de emergencias en el archipiélago.
### Un Enfoque Integral para la Recuperación
Uno de los aspectos más destacados de la Ley de Volcanes es su enfoque integral en la recuperación de las áreas afectadas. La normativa no solo se centra en la reconstrucción de viviendas, sino que también aborda la recuperación de actividades económicas y la restauración del entorno natural. La ley establece mecanismos para garantizar que los damnificados puedan regresar a sus hogares o, al menos, a lugares cercanos a sus propiedades originales.
Además, se contempla la necesidad de eliminar la burocracia que a menudo retrasa la ayuda a los afectados. La ley busca agilizar los procesos administrativos para que las víctimas de desastres volcánicos reciban la asistencia necesaria de manera rápida y eficiente. Este enfoque es crucial, dado que las erupciones volcánicas pueden causar daños extensos en un corto período, y la rapidez en la respuesta puede marcar la diferencia entre la recuperación y el estancamiento.
La ley también enfatiza la importancia de la coordinación entre diferentes administraciones. La colaboración entre el gobierno regional, los ayuntamientos y otras entidades es esencial para garantizar una respuesta efectiva ante emergencias. La normativa establece protocolos claros para la comunicación y la acción conjunta, lo que permitirá una gestión más eficaz de los recursos y una atención más rápida a las necesidades de los afectados.
### Un Consenso Político Inusual
El proceso de aprobación de la Ley de Volcanes ha sido notable no solo por su contenido, sino también por el ambiente de consenso que ha rodeado su discusión. En un contexto político a menudo marcado por la confrontación, los representantes de los siete grupos políticos han mostrado un compromiso inusual para trabajar juntos en beneficio de la ciudadanía. Durante la sesión de la comisión parlamentaria, se escucharon aplausos y agradecimientos mutuos, lo que refleja un esfuerzo colectivo por abordar un problema que afecta a toda la comunidad.
Alicia Vanoostende, del PSOE, destacó la importancia de recordar el sufrimiento vivido durante la erupción del Tajogaite, pero también subrayó la necesidad de mirar hacia el futuro con esperanza. La Ley de Volcanes representa un paso hacia adelante, un intento de aprender de la experiencia y de estar mejor preparados para enfrentar futuros desastres. Raquel Díaz, del PP, enfatizó que esta ley permitirá una respuesta más ágil y efectiva en caso de nuevas erupciones, asegurando que los proyectos de vida de los afectados puedan recuperarse lo antes posible.
Luis Campos, de Nueva Canarias, también hizo hincapié en la inevitabilidad de futuras erupciones volcánicas en la región. Sin embargo, gracias al impulso ciudadano y al apoyo unánime del Parlamento, la respuesta a estos eventos será más rápida y eficaz. Javier Nieto, de Vox, advirtió que la ley debe ir acompañada de las partidas presupuestarias necesarias para garantizar su implementación efectiva, mientras que Jesús Ramos Chinea, de ASG, recordó el impacto emocional y social que la erupción tuvo en La Palma, subrayando la importancia de esta normativa para asegurar una respuesta coordinada en el futuro.
La Ley de Volcanes no solo es un avance legislativo, sino también un reflejo de la resiliencia de la comunidad canaria. A medida que el archipiélago se prepara para enfrentar los desafíos que presenta su geografía volcánica, esta normativa se erige como un símbolo de esperanza y un compromiso con la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.
