La reciente decisión de la Dirección General de Función Pública en Canarias marca un hito significativo en el ámbito laboral de la administración pública. Este avance se centra en la implementación del derecho a la jubilación parcial para el personal laboral de la Comunidad Autónoma, un tema que ha sido objeto de debate y reivindicación durante años. La medida, que se espera beneficie a aproximadamente 4.000 trabajadores en un plazo de tres años, responde a la necesidad de adaptar la plantilla a una realidad demográfica que muestra un envejecimiento notable entre los empleados públicos.
La plantilla de personal laboral en la administración autonómica presenta una edad media de 50 años, con un número considerable de empleados que se acercan a los 60. Este contexto ha llevado a la necesidad de establecer mecanismos que permitan una transición más suave hacia la jubilación, garantizando al mismo tiempo la continuidad de los servicios públicos. La jubilación parcial, que permite a los trabajadores reducir su jornada laboral y acceder a una pensión proporcional, se convierte en una herramienta clave para gestionar este cambio generacional.
### Condiciones y Proceso de Solicitud
Para poder acogerse a la jubilación parcial, los trabajadores deben cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, es necesario tener al menos 62 años y haber cotizado un mínimo de 33 años. Además, el trabajador debe estar vinculado a un contrato de relevo, lo que implica que otro empleado asumirá sus funciones de manera gradual. Esta modalidad no solo beneficia a los trabajadores que se jubilan, sino que también crea oportunidades de empleo para nuevos relevistas, lo que es crucial en un contexto donde la oferta de empleo público es limitada.
La Dirección General de Función Pública ha establecido un plazo para que los interesados presenten sus solicitudes, que se extenderá del 1 al 30 de septiembre. Este proceso se realizará de forma telemática, facilitando así la participación de los empleados. Aquellos que cumplan con los requisitos en el momento de la solicitud, así como aquellos que los cumplan hasta el 31 de diciembre de 2026, podrán optar a esta modalidad de jubilación.
Es importante destacar que la aprobación de la jubilación parcial y la creación de contratos de relevo dependerán de la demanda real de jubilaciones y de la disponibilidad de relevistas. Esto significa que la implementación de esta medida estará sujeta a la capacidad del Gobierno regional para gestionar adecuadamente la oferta de empleo público, lo que incluye la autorización necesaria del Gobierno central.
### Contexto Histórico y Reivindicaciones Sindicales
La posibilidad de acceder a la jubilación parcial para los empleados públicos ha sido un derecho que existió hasta 2012, cuando fue suspendido en medio de una crisis económica que llevó a la reforma de la función pública. Desde entonces, los sindicatos han trabajado incansablemente para recuperar este derecho, argumentando que es fundamental para la salud laboral y el bienestar de los empleados. La reciente modificación del convenio colectivo, que incluye este derecho, es un paso adelante en la dirección correcta.
Los sindicatos han manifestado que la jubilación parcial no es la única reivindicación en la mesa de negociación. También se han planteado temas como la promoción interna, la reducción de la temporalidad en el empleo y un plan de ordenación que aún no ha sido discutido con el comité intercentros. La presión ejercida por los sindicatos ha sido clave para que la Dirección General de Función Pública se siente a negociar y busque soluciones a las demandas de los trabajadores.
La recuperación de la jubilación parcial para los funcionarios de carrera, que también se ha acordado recientemente, refleja un cambio en la política laboral del Gobierno central. Este nuevo acuerdo permitirá a los funcionarios que cumplan con ciertos requisitos, como tener más de 60 años y al menos 30 años cotizados, reducir su jornada laboral y recibir una pensión proporcional. Sin embargo, al igual que en el caso del personal laboral, esta modalidad estará condicionada a la existencia de relevistas disponibles.
La implementación de la jubilación parcial es un paso significativo hacia la modernización de la administración pública en Canarias, permitiendo una transición más fluida entre generaciones y garantizando la continuidad de los servicios públicos. A medida que se avanza en este proceso, será crucial observar cómo se gestionan las solicitudes y la oferta de empleo público, así como la respuesta de los trabajadores a esta nueva oportunidad laboral.
