El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha experimentado un notable incremento en Canarias, alcanzando a 33.448 personas en el último mes, lo que representa un aumento del 27,14% en comparación con el año anterior. Este crecimiento refleja una tendencia similar a la que se observa a nivel nacional, donde el número total de prestaciones asciende a 716.091. La mayoría de los beneficiarios en las islas son mujeres, con un 68,7% del total, lo que equivale a 23.010 mujeres frente a 10.438 hombres. Este dato pone de manifiesto la necesidad de seguir prestando atención a la situación de vulnerabilidad que enfrentan muchas familias en el archipiélago.
### La Composición de los Beneficiarios del IMV
El IMV no solo se dirige a individuos, sino que también tiene un impacto significativo en los hogares con menores a cargo. En Canarias, 3.985 hogares monoparentales reciben esta prestación, lo que subraya la importancia de este apoyo económico para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aunque el número de titulares del IMV es de 33.448, el total de beneficiarios en las islas asciende a 81.349, de los cuales 54.138 son adultos y 27.211 son menores. Este incremento en el número de beneficiarios, que ha aumentado en dos mil en comparación con diciembre de 2024, refleja la creciente necesidad de apoyo económico en la región.
Sin embargo, a pesar de este aumento en el IMV, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en Canarias sigue siendo alarmante. Según el informe anual de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en España (EAPN), la tasa Arope se sitúa en un 31,2%, afectando a 763.000 personas en el archipiélago. Aunque esta cifra ha disminuido en 2,6 puntos porcentuales respecto al año anterior, sigue siendo significativamente más alta que la media nacional, que se encuentra en un 25,8%. Esto indica que, a pesar de los esfuerzos realizados, aún queda un largo camino por recorrer para abordar la pobreza en la región.
### La Renta Canaria de Ciudadanía y sus Desafíos
Por otro lado, la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC), que se introdujo como un nuevo mecanismo para combatir la pobreza, ha mostrado signos de estancamiento. Desde su implementación a finales de 2022, el número de beneficiarios se ha mantenido en 12.787, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de esta medida. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha reconocido que la administración tiene 8.887 expedientes sin resolver, lo que sugiere que muchos solicitantes enfrentan dificultades para acceder a esta ayuda.
La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Natalia Santana, ha criticado la falta de voluntad política para desarrollar los complementos que la ley permite, los cuales podrían ser cruciales para mejorar la situación de muchas familias. Estos complementos incluyen ayudas para vivienda y educación, que podrían proporcionar un alivio significativo a los beneficiarios. Santana ha señalado que muchas personas han tenido que tramitar la RCC en múltiples ocasiones debido a la pérdida de expedientes y otros problemas administrativos, lo que agrava aún más su situación.
La media de edad de los beneficiarios del IMV en Canarias es de 48,5 años, lo que indica que la mayoría de ellos deberían estar en el mercado laboral. Sin embargo, el hecho de que un 6% de los beneficiarios sean mayores de 65 años, sumando un total de 2.013 personas, pone de manifiesto la vulnerabilidad de este grupo etario. Además, 8.497 beneficiarios reciben un complemento de ayuda a la infancia, que proporciona un apoyo adicional de 108,38 euros al mes, lo que resalta la necesidad de un enfoque más integral para abordar la pobreza y la exclusión social en la región.
La cuantía base del IMV en Canarias es de 524 euros al mes, lo que equivale a poco más de 6.000 euros anuales. Aunque esta cifra es superior a la media nacional, sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas de muchas familias. En comparación con otras comunidades autónomas, como el País Vasco y Asturias, donde los ingresos mensuales son más altos, la situación en Canarias sigue siendo preocupante.
A medida que se avanza hacia el futuro, es esencial que las autoridades canarias tomen medidas efectivas para abordar la pobreza y la exclusión social. La implementación de políticas que faciliten el acceso a la RCC y la mejora de la gestión administrativa son pasos cruciales para garantizar que aquellos que más lo necesitan puedan recibir el apoyo adecuado. La situación actual exige una respuesta coordinada y efectiva para asegurar que todos los ciudadanos de Canarias tengan acceso a una vida digna y libre de pobreza.
