La situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias ha tomado un giro inesperado tras la reciente intervención de la Policía Canaria en la sede de Quórum 77, una de las principales entidades encargadas de su atención. Este registro, que se llevó a cabo bajo la supervisión del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, ha puesto de manifiesto la complejidad y los desafíos que enfrenta el sistema de protección de menores en la región.
La presidenta de Quórum 77, Delia García, y el director de centros, Enrique Quintana Ramos, fueron detenidos durante la operación, que también incluyó registros en sus domicilios y en otros centros gestionados por la organización. La intervención se produjo en medio de una investigación que se inició tras denuncias de maltrato por parte de algunos trabajadores de la ONG, lo que ha generado una gran preocupación tanto en la comunidad como entre las autoridades.
### Contexto de la Investigación
Quórum 77 es responsable de acoger a aproximadamente el 46,5% de los menores tutelados por la comunidad en Canarias, lo que equivale a más de 1.900 niños, niñas y adolescentes migrantes. La entidad ha sido objeto de críticas y denuncias en el pasado, pero la magnitud de las acusaciones actuales ha llevado a una respuesta contundente por parte de las autoridades. La investigación se centra en presuntos delitos de lesiones, odio y amenazas, todos relacionados con la gestión de los centros y el trato a los menores.
El registro del centro de primera llegada José García I, ubicado en la playa de El Cabrón, resultó en el desalojo de 148 menores, quienes fueron reubicados en 21 centros diferentes de Gran Canaria. Esta medida, aunque necesaria para garantizar la seguridad de los menores, ha generado inquietud sobre la capacidad de las autoridades para gestionar adecuadamente la situación en un contexto donde la demanda de recursos es alta y los centros están operando al límite de su capacidad.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado su preocupación por la gravedad de los delitos denunciados y ha señalado que la gran cantidad de menores que acoge la comunidad hace difícil implementar controles efectivos. Clavijo ha subrayado la necesidad de revisar el sistema de distribución de menores entre las diferentes regiones, con el objetivo de mejorar la situación actual y prevenir futuros incidentes.
### Reacciones y Consecuencias
La intervención policial ha suscitado diversas reacciones entre los actores involucrados en la protección de menores en Canarias. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha manifestado su apoyo al personal que trabaja en los centros, destacando que han tenido que organizar rápidamente el traslado de los menores en colaboración con otras entidades. A pesar de que la intervención fue sorpresiva, Delgado ha enfatizado que las inspecciones son una práctica habitual y que se están tomando medidas para garantizar el bienestar de los menores.
Sin embargo, la situación también ha puesto de relieve la necesidad de un cambio estructural en la gestión de los centros de acogida. La consejera ha indicado que la intención es eliminar los macrocentros una vez que se logre reducir el número de menores acogidos, lo que podría facilitar una atención más personalizada y adecuada. Esta propuesta se alinea con la modificación de la Ley de Extranjería, que busca mejorar el sistema de protección de menores en el país.
A pesar de las críticas y las preocupaciones, Delgado ha instado a no demonizar a las ONG, recordando que su labor es fundamental en el contexto actual. La consejera ha resaltado que, aunque se han detectado anomalías en algunos centros, es crucial reconocer el esfuerzo y la dedicación del Tercer Sector en Canarias.
La situación de Quórum 77 y la reubicación de los menores migrantes no acompañados en Canarias es un tema complejo que requiere atención y acción coordinada por parte de las autoridades. La investigación en curso y las medidas adoptadas hasta ahora son un paso hacia la mejora del sistema de protección de menores, pero también subrayan la urgencia de abordar las deficiencias estructurales que han permitido que estas situaciones ocurran. La comunidad espera que las acciones tomadas no solo resuelvan los problemas inmediatos, sino que también conduzcan a un cambio duradero en la forma en que se gestionan los recursos y se protege a los menores en el archipiélago.
