La situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias ha generado un intenso debate en el ámbito político y social. A pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno de Canarias para atender a estos jóvenes, la falta de colaboración de algunas comunidades autónomas ha complicado la distribución y acogida de los mismos. La directora regional de Infancia, Sandra Rodríguez, ha expresado su frustración ante la negativa de las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) a participar en el reparto de menores, lo que ha llevado a que, hasta la fecha, no haya salido ni un solo niño o adolescente de las islas hacia otras regiones del país.
La situación es crítica, ya que Canarias ha asumido la tutela de 5.600 menores, de los cuales 946 han solicitado asilo. La capacidad ordinaria de acogida en las islas está fijada en 737 plazas, pero se estima que podría llegar a acoger hasta 2.211 menores si se declara una emergencia migratoria nacional. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los menores permanecen en las islas, lo que ha generado una sobrecarga en los recursos disponibles. Rodríguez ha señalado que, a pesar de los esfuerzos realizados, las comunidades del PP han bloqueado la aplicación del real decreto ley que regula la distribución de menores, lo que ha impedido avanzar en la solución de esta crisis.
### La Falta de Colaboración y sus Consecuencias
La falta de colaboración entre comunidades autónomas ha sido uno de los principales obstáculos en el proceso de acogida de menores migrantes. Durante una reciente reunión interadministrativa, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, informó que las 400 plazas prometidas en Pozuelo de Alarcón habían desaparecido, dejando solo 250 disponibles en el recurso de tránsito Canarias50. Esta situación ha llevado a un aumento en la tensión entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, ya que el Estado ha afirmado que sigue buscando más plazas para atender a los asilados, pero la realidad en el terreno es muy diferente.
Rodríguez ha denunciado que las comunidades del PP han impugnado la partida de 100 millones de euros destinada a la financiación del reparto de menores, lo que ha complicado aún más la situación. Esta partida, que equivale a 145 euros por menor al día, es insuficiente para cubrir las necesidades de los 5.600 menores que actualmente están bajo la tutela de Canarias. La directora regional ha instado al Estado a declarar una emergencia migratoria nacional, lo que permitiría a las comunidades autónomas abrir nuevos centros de acogida si fuera necesario.
La situación es aún más preocupante si se considera que, a pesar de que el Estado ha reconocido a 946 menores como solicitantes de asilo, el reparto de estos jóvenes no ha comenzado. Se espera que el Consejo de Ministros convalide los dos reales decretos leyes pendientes, pero no hay una fecha definitiva para la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia, lo que retrasa aún más el proceso. Rodríguez ha afirmado que, en el mejor de los casos, el reparto no comenzará hasta finales de septiembre o principios de octubre, lo que significa que los menores seguirán en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad.
### La Respuesta de las Comunidades Autónomas
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado que el Estado se haga cargo de 50 menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo en su región. Esta petición ha sido criticada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha calificado la solicitud de Ayuso como «oportunismo e insolidaridad». Torres ha recordado que la competencia en menores es de las comunidades autónomas y que Madrid no enfrenta la misma situación de saturación que Canarias.
La respuesta del Gobierno canario ha sido clara: se necesita una colaboración real y efectiva entre todas las comunidades autónomas para abordar esta crisis. La falta de acción por parte de algunas regiones ha llevado a que Canarias asuma una carga desproporcionada en la acogida de menores, lo que ha generado un clima de tensión y frustración. La situación actual no solo afecta a los menores migrantes, sino que también pone en riesgo la capacidad de las comunidades autónomas para gestionar adecuadamente sus recursos y garantizar el bienestar de todos los niños y adolescentes en su territorio.
La crisis de los menores migrantes no acompañados en Canarias es un reflejo de la complejidad de la migración en Europa y de la necesidad de una respuesta coordinada y solidaria. A medida que la situación continúa evolucionando, es fundamental que todas las partes involucradas trabajen juntas para encontrar soluciones efectivas que garanticen la protección y el bienestar de estos jóvenes vulnerables.
