La reciente reunión del Pacto Canario por la Migración, convocada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha puesto de relieve la urgencia de abordar la situación de los menores migrantes no acompañados en el archipiélago. Este encuentro, que se llevó a cabo en un contexto de creciente presión tanto del Tribunal Supremo como del Gobierno central, busca coordinar esfuerzos y validar las acciones emprendidas para garantizar el bienestar de estos jóvenes vulnerables.
La cita se produce en un momento crítico, ya que se ha constituido un comité interadministrativo que tiene como objetivo principal la coordinación entre el Gobierno de España y el Ejecutivo autonómico para la atención de los menores extranjeros que han solicitado asilo en Canarias. Actualmente, hay alrededor de 1.130 menores en esta situación, y la presión sobre los recursos de acogida en las islas es cada vez mayor. El portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, destacó que la reunión tiene como finalidad informar a los grupos políticos sobre los avances realizados y las medidas que se están tomando para mejorar la situación de estos menores.
### Contexto de la Crisis Migratoria en Canarias
La crisis migratoria en Canarias ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años, con la llegada de más de 23.000 personas en un solo año. Esta situación ha generado un debate intenso sobre la capacidad del archipiélago para gestionar la acogida de migrantes, especialmente de aquellos que son menores de edad y no están acompañados. En este contexto, el Pacto por la Migración, que se formalizó en octubre de 2023, representa un esfuerzo conjunto de los diferentes grupos parlamentarios para abordar esta problemática de manera integral.
El presidente Clavijo ha enfatizado la necesidad de que el Gobierno central asuma su responsabilidad en la atención a los menores migrantes. Según sus declaraciones, el año pasado, Canarias invirtió 192 millones de euros en la atención de estos niños, mientras que la aportación del Estado fue de solo 52 millones, lo que evidencia un déficit significativo en la financiación necesaria para hacer frente a esta crisis. Esta disparidad en las inversiones ha llevado al Gobierno canario a solicitar una compensación económica que cubra la desviación presupuestaria generada por la atención a los menores migrantes.
La situación se complica aún más con la reciente decisión del Tribunal Supremo, que ha instado al Gobierno central a informar sobre las acciones llevadas a cabo en relación con los menores asilados. Esta exigencia se produce en un contexto donde se ha denunciado la falta de implicación del Estado en la atención a estos jóvenes, lo que ha llevado a Clavijo a calificar la situación como una violación de los derechos de los menores.
### Medidas Propuestas y Futuras Reuniones
Durante la reunión del Pacto Canario por la Migración, se discutieron tres puntos clave que se espera que sean parte del acuerdo con el Gobierno central. Primero, se busca que los menores asilados o en proceso de asilo accedan de inmediato al Sistema de Acogida de Protección Internacional, que es gestionado por el Estado. En segundo lugar, se propone realizar una evaluación individualizada de cada menor para determinar las necesidades específicas de atención y servicios. Por último, se plantea que la respuesta del Gobierno central pueda incluir la reubicación de los menores a otros territorios o su permanencia en Canarias, siempre bajo un esquema de colaboración en la guarda y atención.
La próxima reunión, programada para el viernes, será crucial, ya que se espera que se firmen los acuerdos necesarios para responder a las demandas del Tribunal Supremo. Esta cita se presenta como una oportunidad para que el Gobierno canario informe sobre los esfuerzos realizados y las medidas que se están implementando para mejorar la situación de los menores migrantes.
El compromiso del Gobierno de Canarias con la atención a los menores migrantes no acompañados es evidente, pero la falta de apoyo adecuado por parte del Estado plantea serios desafíos. La situación actual exige una respuesta coordinada y efectiva que garantice el bienestar de estos jóvenes y que permita a Canarias afrontar la crisis migratoria de manera sostenible. La presión sobre los recursos de acogida y la necesidad de una financiación adecuada son cuestiones que deben ser abordadas de inmediato para evitar que la situación se agrave aún más.
