En La Laguna, un municipio de Santa Cruz de Tenerife, un reciente contrato de 18,7 millones de euros para el mantenimiento del alumbrado público ha desatado una serie de controversias debido a posibles conflictos de intereses. Este contrato fue adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por Imesapi y Eléctrica de Montajes La Estrella. Sin embargo, la situación se complica por las conexiones familiares y profesionales que involucran a funcionarios del Ayuntamiento y a la empresa ganadora.
La adjudicación del contrato se realizó el 29 de abril y ha sido objeto de un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. La jefa del servicio del Área de Medio Ambiente y Servicios Municipales, María Belén Hernández Molina, quien inicialmente promovió el expediente de contratación, es esposa del delegado provincial de Imesapi, Pablo Aragón Dehesa. Esta relación matrimonial plantea interrogantes sobre la imparcialidad del proceso de adjudicación, dado que Imesapi representa el 80% de la UTE ganadora.
### Vínculos Familiares y Profesionales en el Proceso de Adjudicación
La situación se complica aún más al considerar que Hernández Molina también ocupa el cargo de secretaria electa del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife. Este colegio fue el encargado de realizar un contrato menor con el Ayuntamiento en septiembre de 2024, para la asistencia técnica en la valoración y análisis de las ofertas presentadas para el mismo contrato de alumbrado público. Durante el proceso de adjudicación, Hernández Molina se apartó temporalmente y fue reemplazada por Ricardo Miguel González Rodríguez, quien también tiene vínculos familiares con el Colegio de Ingenieros, ya que es hijo del decano de dicha institución.
La intervención de González Rodríguez en la evaluación de las ofertas ha sido cuestionada, dado que su padre ocupa un cargo relevante en el Colegio que realizó la valoración técnica del concurso. Este hecho genera dudas sobre la independencia del proceso, ya que la valoración del Colegio fue crucial para la elección de la UTE ganadora, que incluye a la empresa donde trabaja el esposo de Hernández Molina.
El recurso presentado ante el tribunal destaca que el conflicto de intereses no se basa únicamente en la relación matrimonial, sino en la estructura jerárquica y las conexiones familiares que podrían influir en la toma de decisiones. La jurisprudencia establece que no es necesario demostrar una connivencia activa entre las partes involucradas; basta con la existencia de datos objetivos que evidencien un riesgo de parcialidad en la licitación.
### Evaluación de Ofertas y Posibles Irregularidades
Un aspecto que ha llamado la atención es que la valoración de las cuatro mejores ofertas presentadas al concurso fue idéntica en cuatro de los cinco criterios evaluados. La única diferencia se presentó en el juicio de valor, donde la oferta de Imesapi obtuvo un punto más que la de Effico, la empresa que ha recurrido al tribunal. Este detalle ha suscitado aún más sospechas sobre la transparencia del proceso, ya que la puntuación en este apartado es más subjetiva y podría estar influenciada por las conexiones familiares y profesionales de los involucrados.
El recurso también señala que la mesa de contratación aceptó la valoración del área de Medio Ambiente, que había establecido los criterios de adjudicación y justificación de la licitación, basándose en el informe del Colegio de Ingenieros. Esto plantea interrogantes sobre la imparcialidad del proceso, dado que la jefa del área que promovió la contratación estaba vinculada matrimonialmente a uno de los evaluadores.
Además, se cuestiona la idoneidad de la decisión de sustituir a Hernández Molina durante el procedimiento de adjudicación. La sustitución no fue realizada por un superior jerárquico, sino por un funcionario dependiente de la misma área, lo que no elimina la relación de dependencia jerárquica que podría influir en la evaluación de las ofertas.
La situación en La Laguna pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y regulación en los procesos de contratación pública. Los vínculos familiares y profesionales deben ser cuidadosamente evaluados para evitar conflictos de intereses que puedan comprometer la integridad de las decisiones administrativas. La comunidad espera que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias tome en cuenta todos estos factores al analizar el recurso presentado, ya que la confianza en las instituciones públicas es fundamental para el correcto funcionamiento de la democracia y la gestión pública.
