La situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias ha alcanzado niveles alarmantes, con un sistema de acogida que, a pesar de recibir millonarias inversiones, se enfrenta a serias deficiencias. Cada mes, las entidades sociales reciben 11,7 millones de euros a través de contratos públicos de emergencia destinados a garantizar una atención digna a estos niños. Sin embargo, la realidad es que este financiamiento resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los menores, lo que ha llevado a un sistema caracterizado por la precariedad y la falta de personal cualificado.
En la actualidad, el Archipiélago cuenta con 85 centros operativos que ofrecen un total de 5.600 plazas, de las cuales 4.133 están gestionadas por catorce entidades sociales. Estas plazas fueron habilitadas de manera extraordinaria para hacer frente a la emergencia humanitaria provocada por el aumento de la presión migratoria. A pesar de que el Gobierno regional paga 90 euros diarios por cada menor, este monto es considerado uno de los más bajos del país. La Consejería de Bienestar Social ha argumentado que este importe no es suficiente para cubrir todos los gastos asociados a la atención de los menores, que incluyen manutención, ropa, traslados y salarios del personal.
La situación se complica aún más al considerar que el sistema de acogida no solo enfrenta problemas de financiamiento, sino también de gestión. La directora general de Infancia, Sandra Rodríguez, ha señalado que el costo real por plaza se estima en 117 euros diarios, lo que refleja la necesidad de una revisión profunda de cómo se están utilizando los recursos. A pesar de que la normativa establece que los centros de acogida no deberían superar las 20 plazas, muchos de ellos albergan hasta 300 menores, lo que dificulta la atención individualizada que estos niños requieren.
### La Falta de Transparencia y la Acusación de Lucratividad
Las acusaciones sobre la falta de transparencia en el sistema de acogida han comenzado a emerger, con voces dentro del sector que sugieren que la atención a la infancia migrante se ha convertido en un negocio para algunas organizaciones. Aunque estas afirmaciones son difíciles de verificar públicamente, se ha observado que algunas de las entidades que gestionan más plazas están invirtiendo en la compra de inmuebles para abrir nuevos centros, lo que plantea interrogantes sobre el uso de los fondos destinados a la atención de los menores.
A pesar de que las entidades sociales no pueden repartir beneficios, ya que su naturaleza es no lucrativa, el hecho de que parte de los superávits se destinen a la expansión de la infraestructura en lugar de a mejorar la atención directa a los niños ha generado críticas. Los trabajadores del sector han expresado su preocupación por la falta de inversión en la contratación de personal y en la mejora de las condiciones laborales, lo que afecta directamente la calidad de la atención que reciben los menores.
La Consejería de Bienestar Social ha defendido la concentración de plazas en ciertas entidades, argumentando que estas organizaciones han demostrado una capacidad de respuesta más rápida ante la crisis migratoria. Sin embargo, la realidad es que la falta de recursos y la sobreocupación de los centros han llevado a una situación insostenible, donde el interés superior del menor no puede ser garantizado.
### Inspecciones y Medidas de Control
En respuesta a las crecientes preocupaciones sobre la calidad de la atención en los centros, la Consejería ha intensificado las inspecciones en los últimos meses. Se han realizado visitas a todos los centros del Archipiélago para evaluar su estado y revisar la situación de cada menor. Estas inspecciones han resultado en el cierre de varios centros en islas como Gran Canaria y Lanzarote, donde se han detectado irregularidades graves. En algunos casos, los expedientes han sido enviados a la Fiscalía, lo que indica la seriedad de las preocupaciones planteadas.
A pesar de los esfuerzos por parte de la administración para poner orden en un sistema que nació como respuesta a una emergencia, las soluciones siguen siendo insuficientes. La reforma de la ley de extranjería, que busca un reparto más equitativo de los menores en todo el territorio nacional, ha encontrado obstáculos políticos que han retrasado su implementación. Además, el incumplimiento por parte del Gobierno central en la acogida de más de un millar de menores solicitantes de asilo ha exacerbado la crisis.
La situación actual en Canarias es un reflejo de la complejidad de la crisis migratoria y de la necesidad urgente de un enfoque más integral y humano en la atención a los menores migrantes. La falta de recursos, la presión migratoria constante y la ineficacia de las políticas implementadas han llevado a un sistema que, a pesar de su financiamiento, no logra cumplir con su objetivo principal: garantizar el bienestar y la protección de los niños más vulnerables.
