La reciente reunión entre la Dirección General de la Función Pública y los sindicatos de la Administración en Canarias marca un hito importante en la búsqueda de soluciones para el personal laboral del sector público. Este encuentro, que tuvo lugar el 22 de mayo de 2025, representa el primer paso hacia la negociación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos Laborales, un documento que busca modernizar y adaptar las condiciones laborales a las necesidades actuales.
### Contexto de la Negociación
La reunión se llevó a cabo en un ambiente de expectativa, ya que los sindicatos habían manifestado su preocupación por la falta de diálogo y la obsolescencia del actual convenio, que data de los años 90. La situación se había vuelto crítica, con un porcentaje de temporalidad que supera las tasas permitidas por la legislación europea. En este contexto, los representantes de los sindicatos, como Sepca, Co.bas, CSIF, UGT, CCOO e Intersindical, expresaron su satisfacción por el inicio de las negociaciones, alejando así la posibilidad de movilizaciones que habían sido anunciadas anteriormente.
Uno de los puntos más destacados de la reunión fue la necesidad de reclasificar la plantilla del personal laboral. Manuel González, secretario general del sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), subrayó la importancia de desarrollar un concurso de traslados para el personal laboral fijo, algo que no se ha realizado en casi dos décadas. Además, se planteó la necesidad de convocar una oferta de empleo público que permita reducir la temporalidad y estabilizar el empleo en el sector.
### Propuestas y Ejes de Trabajo
Durante la mesa técnica, se discutieron varios ejes fundamentales que guiarán las futuras negociaciones. Uno de ellos es la reclasificación de los grupos profesionales y retributivos, que se llevará a cabo a través de la Comisión Asesora de Plantilla. Esta medida es crucial, ya que el actual convenio no solo está desactualizado, sino que también no refleja las titulaciones actuales tras la implementación del Plan Bolonia.
Otro aspecto relevante es la propuesta de funcionarización del personal laboral. Actualmente, el personal laboral de la Administración General de Canarias asciende a 7.703 trabajadores, lo que representa el 60% de un total de 12.794 efectivos. Los sindicatos han señalado que es necesario identificar las plazas ocupadas por personal laboral y permitir que algunos de ellos opten por convertirse en funcionarios de manera voluntaria. Esta transformación es esencial para cumplir con la ley y garantizar que las plazas vacantes se conviertan en oportunidades para convocar oposiciones libres.
Además, se abordó la problemática de la contratación temporal. Actualmente, la normativa no regula adecuadamente la temporalidad del personal laboral, lo que ha generado incertidumbre y precariedad. Se propuso establecer un límite máximo de duración para los contratos temporales, que podría ser de tres años, con el objetivo de evitar problemas legales y mejorar la estabilidad laboral.
### Reacciones y Expectativas
Las reacciones de los sindicatos tras la reunión han sido en su mayoría positivas. La apertura al diálogo por parte del Gobierno de Canarias ha sido vista como un paso necesario para abordar las preocupaciones de los empleados públicos. Los representantes sindicales han manifestado su disposición a trabajar conjuntamente con la administración para encontrar soluciones que beneficien a todos los trabajadores del sector.
Sin embargo, también han dejado claro que la situación requiere un seguimiento continuo y que las promesas deben traducirse en acciones concretas. La próxima reunión entre la Dirección General de la Función Pública y los sindicatos será crucial para definir los próximos pasos y avanzar en la negociación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos Laborales.
En resumen, el inicio de estas negociaciones representa una oportunidad para mejorar las condiciones laborales del personal público en Canarias. La colaboración entre el Gobierno y los sindicatos es fundamental para lograr un acuerdo que no solo beneficie a los trabajadores, sino que también contribuya a la eficiencia y efectividad del sector público en la región.
