La situación en Gaza ha alcanzado niveles alarmantes, especialmente tras el ataque del 13 de mayo al Hospital Europeo de Gaza, el último centro que brindaba atención a más de 10,000 pacientes con cáncer. Este ataque no solo causó la muerte de 28 personas, sino que también dejó a 200 pacientes sin atención médica, evidenciando la grave crisis humanitaria que enfrenta la región. Israel justificó el ataque alegando que el hospital albergaba un centro de mando de Hamás, pero no presentó pruebas concretas y no se realizó un aviso previo, lo que podría constituir un crimen de guerra.
La Unión Europea, que ha sido el mayor donante a Palestina desde la creación de la Autoridad Nacional Palestina en 1993, ha invertido considerablemente en proyectos de infraestructura, educación y salud en la región. Desde 2014 hasta 2023, la UE ha aportado casi 1,600 millones de euros, destinados principalmente a mantener el gobierno de Ramala y a proyectos humanitarios. Sin embargo, muchos de estos esfuerzos se han visto frustrados por la destrucción sistemática de las instalaciones financiadas por Europa. En Gaza, al menos 15 de los 158 proyectos subvencionados por la UE han sido destruidos durante la actual campaña militar, lo que representa una pérdida de casi 12 millones de euros.
La municipalidad de Abasan al Kabira, un pequeño pueblo agrícola, es un claro ejemplo de esta devastación. La localidad fue arrasada en las primeras semanas del asalto, junto con los 2.5 millones de euros que la UE había invertido en energías renovables. Las universidades de Gaza, que recibieron más de cuatro millones de euros en financiación para programas educativos y de investigación, también han sufrido daños irreparables. Algunas han sido dinamitadas, mientras que otras han quedado en ruinas, convirtiéndose en refugios para familias desplazadas.
La destrucción no se limita a Gaza. En Cisjordania y Jerusalén Este, las inversiones europeas también son objeto de ataques. En 2023, las fuerzas israelíes demolieron 78 estructuras financiadas por la UE, valoradas en 248,000 euros. Desde 2015, el total asciende a 927 estructuras, lo que representa casi tres millones de euros en pérdidas. Estas demoliciones son parte de una política más amplia de desplazamiento forzado que busca anexionar el Área C de Cisjordania, que representa el 61% del territorio. La falta de permisos de construcción para los palestinos, junto con la política de colonización israelí, ha llevado a una situación insostenible para las comunidades locales.
La respuesta de la Comisión Europea ha sido limitada. Aunque expresa su «profunda preocupación» por la destrucción de sus proyectos, no ha tomado medidas efectivas para influir en Israel. Los países miembros suelen solicitar compensaciones a través de canales diplomáticos, pero estas peticiones rara vez son atendidas. La falta de acción ha llevado a muchos a cuestionar la efectividad de la política europea en la región. La contradicción es evidente: mientras la UE financia proyectos para ayudar a los palestinos, también apoya a Israel, que utiliza armamento europeo en su ofensiva.
La situación actual pone de manifiesto la complejidad del conflicto y la necesidad de una respuesta más coherente y efectiva por parte de Europa. La destrucción de proyectos financiados por la UE no solo afecta a la infraestructura, sino que también impacta directamente en la vida de los palestinos, quienes ven cómo sus esperanzas de un futuro mejor se desmoronan ante la violencia y la destrucción. La comunidad internacional debe prestar atención a esta crisis y trabajar hacia una solución que garantice la paz y la estabilidad en la región.
