Las Islas Canarias han decidido tomar una postura firme en la defensa de su derecho a participar en el reparto de menores migrantes no acompañados. Este acto se produce en respuesta a los recursos presentados por las comunidades autónomas de Madrid y Aragón ante el Tribunal Constitucional (TC), que cuestionan la legalidad de un real decreto ley que permite la distribución solidaria de estos menores entre las diferentes regiones del país. El Gobierno canario, encabezado por el portavoz Alfonso Cabello, ha manifestado su intención de personarse junto al Estado en este proceso, argumentando que la situación actual es insostenible y que la comunidad autónoma tiene el derecho de defender la constitucionalidad de la norma.
La decisión de Canarias de intervenir en este caso es considerada una excepción, ya que, por lo general, no se permite que terceros se personifiquen en procesos constitucionales. Sin embargo, el Gobierno canario ha argumentado que la situación de emergencia migratoria que enfrenta la región justifica esta acción. Cabello ha enfatizado que, a pesar de que el decreto fue aprobado el 18 de marzo y convalidado en el Congreso el 10 de abril, no se ha llevado a cabo ninguna derivación de menores, lo que agrava aún más la crisis en los centros de acogida de las islas.
### La Emergencia Migratoria en Canarias
La crisis de los menores migrantes en Canarias ha alcanzado niveles alarmantes. Según datos oficiales, la región alberga actualmente a cerca de 5,600 menores en 86 centros, muchos de los cuales están operando a más del 200% de su capacidad. Esta situación ha llevado a que las entidades del tercer sector adviertan sobre las condiciones inadecuadas en las que se encuentran estos menores, sugiriendo que cada centro no debería albergar más de 15 a 20 niños. Sin embargo, hay centros que están recibiendo hasta 400 menores, lo que plantea serias preocupaciones sobre su bienestar y desarrollo.
El Gobierno canario ha instado al Estado a cumplir con sus obligaciones y a aplicar la ley sin más dilaciones. Cabello ha señalado que la falta de acción por parte del Gobierno central no solo afecta a los menores en Canarias, sino que también contradice los principios de solidaridad que se promueven en el discurso político. La representante de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha respaldado esta postura, criticando al Gobierno de España por no haber tomado medidas más decisivas para abordar la situación de los menores migrantes en las islas.
La falta de datos por parte de Aragón, que se ha negado a enviar información sobre sus centros de menores, ha sido otro punto de fricción. A pesar de esto, el Gobierno canario sostiene que el decreto establece criterios claros para la distribución de menores, y que la conferencia sectorial no es un requisito indispensable para avanzar en este proceso. La urgencia de la situación ha llevado a que el Gobierno canario exija una respuesta inmediata y efectiva por parte del Estado.
### El Cierre de La Fortaleza y la Privacidad de los Menores
Uno de los temas más críticos en la agenda del Gobierno canario es el cierre del centro de menores La Fortaleza I, ubicado en Santa Brígida, Gran Canaria. Cabello ha subrayado la necesidad urgente de aplicar el decreto ley para aliviar la presión sobre los centros de acogida y mejorar las condiciones de vida de los menores. La situación actual es descrita como desesperada, con un sistema que ha estado operando al máximo de su capacidad durante casi 20 meses.
Además, se ha informado que la Consejería de Bienestar Social ha tomado medidas para proteger la privacidad de los menores en los centros. Recientemente, se ordenó la retirada de cámaras de vigilancia que estaban siendo utilizadas por los trabajadores de Quorum 77, ya que su uso sin autorización se consideraba una violación de la privacidad de los niños acogidos. Esta decisión refleja un compromiso por parte del Gobierno canario de garantizar un entorno seguro y respetuoso para los menores, en medio de una crisis que continúa desbordando los recursos disponibles.
La situación de los menores migrantes en Canarias es un tema que requiere atención urgente y soluciones efectivas. La defensa de la legalidad del decreto por parte del Gobierno canario en el Tribunal Constitucional es un paso significativo en la búsqueda de una solución a esta crisis humanitaria. La comunidad autónoma no solo busca proteger los derechos de los menores, sino también asegurar que se cumplan las obligaciones del Estado en materia de acogida y atención a los migrantes.
