En España, la protección de menores es un tema de gran relevancia social y política. Según el último estudio realizado por la Cátedra de Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas y la Asociación Nuevo Futuro, el país cuenta con un total de 1.375 centros de protección de menores, que ofrecen 19.057 plazas. Este análisis se centra en la distribución de estos centros, la evolución en la atención a menores migrantes y la gestión de los mismos.
### Distribución de Centros de Protección de Menores
La distribución de los centros de protección de menores en España no es homogénea. Cataluña se destaca como la comunidad autónoma con el mayor número de centros, alcanzando un total de 260, lo que representa el 18,9% del total nacional. Además, cuenta con 4.651 plazas, lo que equivale al 24,4% del total. Le siguen Andalucía, con 224 centros y 3.000 plazas, y el País Vasco, que tiene 122 centros y 1.491 plazas. La Comunidad Valenciana y Madrid también tienen una presencia significativa, con 117 y 102 centros, respectivamente.
Por otro lado, Canarias, aunque tiene una cantidad menor de centros (92), ofrece 1.063 plazas, lo que representa un 5,6% del total. Esta concentración de centros en ciertas comunidades sugiere una necesidad de recursos y atención en áreas donde la demanda es mayor. En contraste, comunidades como Baleares, Asturias y La Rioja tienen el menor número de centros, combinando solo el 11% del total de centros y el 10,5% de las plazas.
### Evolución de los Centros para Menores Migrantes
En los últimos años, ha habido un cambio notable en la atención a menores migrantes no acompañados. A pesar de que el estudio indica una reducción en el número de centros específicos para este grupo, pasando de 260 a 236 desde 2021, algunas comunidades han optado por abrir más instalaciones. Por ejemplo, Baleares ha incrementado su número de centros de 2 a 8, aumentando así su capacidad de atención de 30 a 87 plazas. Asimismo, Aragón ha sumado 6 centros, elevando su capacidad de 75 a 174 plazas.
Sin embargo, no todas las comunidades han seguido esta tendencia. Cataluña y Navarra, por ejemplo, han optado por integrar a los menores migrantes en centros no específicos, lo que ha resultado en una disminución de plazas específicas. Cataluña ha visto una caída de 399 plazas específicas, lo que representa un 25,3% menos, mientras que Navarra ha reducido su capacidad en 140 plazas, un 38,9% menos. Este enfoque de integración puede ser visto como una estrategia para fomentar la inclusión, aunque también plantea preguntas sobre la adecuación de los recursos disponibles para atender las necesidades específicas de estos menores.
La gestión de los centros también es un aspecto crucial a considerar. La mayoría de los centros en España son gestionados por entidades colaboradoras, con solo uno de cada diez centros bajo gestión pública directa. Esto plantea interrogantes sobre la calidad y el enfoque de atención que reciben los menores, ya que los centros públicos tienden a tener un tamaño medio mayor, con 22,6 plazas por centro, en comparación con las 12,6 plazas en los centros gestionados por entidades privadas.
### Ubicación y Accesibilidad de los Centros
La ubicación de los centros de protección de menores también es un factor determinante en su eficacia. Según los datos, cerca de dos de cada tres centros se encuentran en ciudades con más de 50.000 habitantes, lo que podría facilitar el acceso a recursos y servicios adicionales. Sin embargo, esto también significa que un porcentaje significativo de menores podría estar en situaciones de desventaja si se encuentran en áreas rurales o en municipios más pequeños, donde la disponibilidad de servicios es limitada.
Desde 2021, se han abierto 28 nuevos centros, con la mayoría de ellos concentrados en Madrid y Baleares. Este crecimiento es un indicativo de la creciente necesidad de atención a menores en el país, aunque también resalta la disparidad en la distribución de recursos. Por ejemplo, el País Vasco ha añadido 108 nuevas plazas, lo que representa el 36% del total de plazas añadidas en el país, mientras que otras comunidades como Navarra han experimentado un descenso en sus capacidades.
La situación actual de los centros de protección de menores en España refleja tanto los avances como los desafíos en la atención a este grupo vulnerable. La necesidad de un enfoque equilibrado que considere tanto la integración como la atención específica para menores migrantes es fundamental para garantizar su bienestar y desarrollo. La gestión adecuada de estos recursos y la distribución equitativa de los centros son esenciales para abordar las necesidades de todos los menores bajo protección en el país.
