La situación de la dependencia en Canarias ha alcanzado un punto crítico tras las recientes acusaciones de los comités de empresa hacia la Consejería de Bienestar Social. La consejera Candelaria Delgado ha sido señalada por presuntamente manipular datos sobre las prestaciones de dependencia, lo que ha llevado a un clamor por su dimisión inmediata. Este escándalo no solo pone en entredicho la gestión de la consejería, sino que también afecta la confianza en el sistema de atención a la dependencia en el archipiélago.
**Acusaciones de Manipulación de Datos**
Los comités de empresa de la Consejería de Bienestar Social han emitido un comunicado en el que exigen la dimisión de Candelaria Delgado y de la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez. La razón detrás de esta demanda es un error reconocido por Delgado, quien admitió que se habían reportado más de 9,000 prestaciones que en realidad no existían. Este hecho ha sido calificado por los trabajadores como un «escándalo de dimensiones mayúsculas» que compromete la fiabilidad del sistema canario de dependencia.
Los comités han cuestionado cómo es posible que se produzca un desajuste de tal magnitud, especialmente cuando la misma Consejería había presumido de una modernización digital en la gestión de la dependencia. Este error fue utilizado por el presidente Clavijo como un éxito de gestión en el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad, lo que añade una capa de gravedad a la situación. Los trabajadores se preguntan dónde queda la responsabilidad política ante un error tan evidente y cómo se puede justificar la falta de control en la información proporcionada.
**Impacto en el Sistema de Dependencia**
La manipulación de datos no solo afecta la credibilidad de la Consejería, sino que también tiene consecuencias directas en la vida de las personas que dependen de estos servicios. Los comités de empresa han denunciado que esta situación ha servido como justificación para la aprobación de un nuevo decreto que, según ellos, cronifica los problemas estructurales existentes. Este decreto centraliza aún más las decisiones y limita las garantías tanto para los ciudadanos como para el personal técnico que trabaja en el área.
Los trabajadores han expresado su preocupación por el hecho de que el equipo de Gobierno legisla desde el engaño, ocultando la realidad del sistema y construyendo marcos normativos sin la dotación presupuestaria necesaria. Esto ha llevado a un deterioro en la calidad del servicio de dependencia, con un aumento en el retraso de la tramitación de expedientes y un clima de hostigamiento laboral dentro de la Dirección General de Dependencia.
La falta de personal es otro de los problemas que agravan la situación. Actualmente, miles de solicitudes de dependencia se encuentran fuera del sistema, lo que deja a muchas personas vulnerables sin la atención que necesitan. Esta crisis ha sido denunciada en múltiples ocasiones por los comités de empresa, quienes han alertado sobre el caos organizativo que reina en la Consejería. A pesar de las reiteradas denuncias y el aumento de litigios, nadie ha asumido responsabilidad por la situación actual.
Los trabajadores han señalado que la política de opacidad y autoritarismo que ha caracterizado a la Consejería ha llevado a un límite a los empleados, quienes se sienten desmotivados y desprotegidos en su labor. La falta de diálogo y la ausencia de medidas efectivas para abordar los problemas han contribuido a un ambiente laboral tóxico, que afecta no solo a los trabajadores, sino también a los ciudadanos que dependen de estos servicios.
En este contexto, la exigencia de dimisión de Candelaria Delgado y Concepción Ramírez se convierte en un grito de auxilio por parte de los trabajadores de la dependencia, quienes buscan una gestión más transparente y responsable. La situación actual no solo es insostenible, sino que también pone en riesgo los derechos de las personas más vulnerables en la sociedad canaria. La atención a la dependencia es un tema crítico que requiere una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades competentes, para garantizar que todos los ciudadanos reciban la atención que merecen.
