La situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias ha generado un intenso debate a nivel nacional, especialmente tras la reciente Conferencia Sectorial Extraordinaria de Infancia celebrada en Madrid. A pesar de que no se llegó a un acuerdo sobre el reparto de estos menores, el ministerio de Infancia ha mantenido su agenda, destacando la importancia de la redistribución que se prevé iniciar en verano. Este artículo examina los detalles de la situación actual y las implicaciones del nuevo decreto que modifica la Ley de Extranjería.
La Conferencia Sectorial, que tuvo lugar el pasado lunes, fue un intento de abordar la creciente crisis de menores migrantes en las islas. En la actualidad, Canarias alberga a casi 6,000 menores extranjeros solos, un aumento significativo desde las 1,700 plazas disponibles en el sistema de acogida. Este incremento ha llevado a la apertura de 86 centros de acogida, lo que refleja la urgencia de la situación. Sin embargo, la falta de consenso entre las comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular, ha complicado la implementación de soluciones efectivas.
El ministerio ha solicitado formalmente a las comunidades que proporcionen datos sobre sus centros de menores, plazas y niveles de ocupación. Esta solicitud no es simplemente una petición de información, sino un requerimiento institucional que, de no ser atendido en un plazo de diez días, podría llevar al Gobierno central a tomar acciones legales. Esta medida subraya la seriedad con la que el ministerio está abordando la crisis y su compromiso de actuar en consecuencia.
### La Redistribución de Menores: Un Proceso Necesario
El nuevo decreto ley que modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería establece un marco para la redistribución de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Según este decreto, si una comunidad supera su capacidad ordinaria de acogida, deberá solicitar la declaración de una situación de contingencia migratoria extraordinaria. Este proceso es crucial para garantizar que los menores reciban la atención y el cuidado que necesitan, evitando el hacinamiento en los centros de acogida.
La ministra de Infancia, Sira Rego, ha enfatizado que, aunque no se alcanzó un acuerdo unánime en la Conferencia Sectorial, esto no impedirá que se avance en el reparto de menores. La norma establece que, en ausencia de consenso, el reparto se llevará a cabo de acuerdo con los criterios establecidos en el propio texto legal. Esto significa que, una vez que las comunidades proporcionen los datos solicitados, se podrá determinar la capacidad de cada región y proceder con la redistribución.
Además, se ha anunciado la convocatoria de una nueva Conferencia Sectorial ordinaria en dos meses, donde las comunidades podrán presentar sus aportaciones y discutir posibles modificaciones a los requisitos del reparto. Sin embargo, el ministerio ha asegurado que este proceso no causará retrasos en la redistribución, lo que es un alivio para las comunidades que enfrentan una crisis de acogida.
### La Necesidad de Recursos y Especialización
La situación de los menores migrantes no solo requiere una redistribución efectiva, sino también la implementación de recursos adecuados para su atención. La especialista en migraciones de Unicef en España, Sara Collantes, ha instado al Gobierno a acelerar los traslados y a garantizar un reparto económico de los fondos necesarios para abordar esta crisis. Además, ha propuesto la creación de una unidad técnica especializada en infancia que pueda desplegarse en Canarias, Ceuta y otras comunidades que lo necesiten. Esta unidad estaría compuesta por profesionales expertos que evaluarían el interés superior de los menores y ayudarían a identificar sus necesidades específicas.
La consejera de Infancia del Gobierno canario, Candelaria Delgado, ha expresado su preocupación por la falta de acuerdo en la Conferencia Sectorial, pero también ha manifestado su confianza en que el decreto se está cumpliendo. Delgado ha subrayado la importancia de que se tomen medidas inmediatas para abordar la situación de los menores en las islas, enfatizando que las comunidades necesitan soluciones rápidas y efectivas.
La crisis de los menores migrantes en Canarias es un desafío complejo que requiere un enfoque coordinado y solidario entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. A medida que se acerca el verano, la presión para implementar soluciones efectivas se intensifica, y la atención se centra en cómo se llevará a cabo la redistribución y qué recursos se asignarán para garantizar el bienestar de estos menores vulnerables. La situación sigue siendo crítica, y el tiempo es esencial para asegurar que se tomen las medidas adecuadas.
