La situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad del Estado y la necesidad de una respuesta unificada ante la crisis. Recientemente, Francis Candil, viceconsejero de Bienestar Social, expresó su preocupación por la falta de coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central en la gestión de esta problemática. En un foro titulado ‘Tendiendo puentes’, Candil subrayó que esta es la primera vez en la historia de España que una crisis migratoria no ha sido abordada de manera conjunta por todas las partes involucradas.
### La Resistencia de Algunas Comunidades Autónomas
La crítica de Candil se centra en la reciente solicitud de la Comunidad de Madrid, que ha pedido la cancelación de la Conferencia Sectorial programada para discutir el reparto de menores migrantes. Según la consejera de Asuntos Sociales de Madrid, Ana Dávila, la convocatoria es «ilegal» y no responde a una situación de urgencia. Esta postura ha sido recibida con descontento en Canarias, donde se considera que la falta de apoyo y unidad por parte de otras comunidades agrava la situación de los menores que llegan a las islas.
Candil recordó que, en situaciones anteriores, como la crisis de refugiados ucranianos, el Estado actuó de manera rápida y coordinada, trasladando a miles de personas a España sin la misma oposición que se observa ahora. Esta disparidad en la respuesta ha llevado a Candil a cuestionar si hay un trasfondo de racismo en la resistencia de algunas comunidades a acoger a los menores migrantes. «Lamentablemente, huele a lo que huele», afirmó, refiriéndose a la percepción de que la crisis actual está siendo tratada de manera diferente debido a la nacionalidad de los migrantes.
La modificación de la Ley de Extranjería ha sido un punto clave en este debate, ya que el Tribunal Supremo ha respaldado la posición de Canarias, indicando que los menores asilados deben ser responsabilidad del Estado. Sin embargo, la falta de acción por parte de algunas comunidades autónomas ha llevado a una sensación de abandono en el archipiélago, que se siente como la «frontera sur de España y de Europa».
### La Necesidad de un Pacto Europeo
En el mismo foro, Sandro Gozi, líder del Partido Demócrata Europeo, hizo un llamado urgente para implementar el Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea. Gozi enfatizó que no se puede esperar más tiempo para encontrar soluciones efectivas a la crisis migratoria. «Europa no puede dejar sola a Canarias», afirmó, destacando que muchas de las soluciones necesarias para el archipiélago están contempladas en este pacto.
La eurodiputada Oihane Aguirregoitia también se unió a este llamado, subrayando la importancia de acelerar el despliegue del pacto migratorio, aprobado a mediados de 2024, que establece un plazo de dos años para su implementación. Aguirregoitia reconoció que la presión migratoria es un desafío no solo para Canarias, sino para toda Europa, y que es fundamental que se actúe con rapidez para abordar esta crisis.
El secretario de Coalición Canaria en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, agradeció el apoyo del PDE y del PNV, señalando que Canarias ha enfrentado esta crisis en soledad durante demasiado tiempo. Rodríguez destacó que los últimos 18 meses han sido especialmente difíciles, marcados por una falta de comprensión y apoyo por parte del Gobierno central y otras comunidades autónomas.
La situación se complica aún más con las declaraciones de la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, quien ha calificado el reparto de menores inmigrantes como «inconstitucional». Susín argumentó que esta medida quiebra el principio de igualdad y vulnera competencias autonómicas, lo que añade más tensión al debate sobre cómo gestionar la llegada de menores migrantes a España.
La crisis de los menores migrantes en Canarias no solo es un problema local, sino que refleja una falta de cohesión y solidaridad a nivel nacional y europeo. La necesidad de una respuesta unificada y efectiva es más urgente que nunca, y las declaraciones de los líderes políticos indican que hay un reconocimiento creciente de la gravedad de la situación. La presión sobre Canarias continúa, y la esperanza es que se logren acuerdos que permitan una gestión más equitativa y humana de esta crisis.
