Los impuestos representan el 30% del precio final de una vivienda en Canarias. Esa carga fiscal es un factor clave que impide a miles de familias acceder a una casa propia o a un alquiler estable. La Asociación Canaria de Gestores Inmobiliarios (Acegi) exige una rebaja temporal de estos tributos como medida urgente para aliviar la emergencia habitacional. Sin esta acción, el mercado seguirá presionado por precios insostenibles y una oferta escasa, especialmente en el segmento económico.
¿Por qué los impuestos son un obstáculo clave para la asequibilidad de la vivienda?
Los gravámenes fiscales no son un mero componente del costo: son un acelerador del encarecimiento. Desde el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) hasta las tasas urbanísticas y los derechos de licencia, cada paso del proceso inmobiliario suma costos que se trasladan directamente al comprador o arrendatario.
El presidente de Acegi, Rafael Tarajano, señala que el aumento del 40% en el precio de la obra nueva en dos años no responde a mayores márgenes de los promotores. Se explica por el encarecimiento acumulado de los suelos, las licencias, los materiales y los salarios, además de los impuestos.
El efecto dominó de los tributos locales
- Cada licencia municipal incluye tasas que varían hasta un 15% del valor catastral.
- El ITP en Canarias alcanza el 6,5% sobre el valor de compra, sin exenciones significativas para primeras viviendas.
- Las plusvalías municipales se aplican incluso en operaciones sin beneficio real, distorsionando el mercado secundario.
¿Qué pasa con el alquiler en Canarias?
El mercado de alquiler está en estado crítico. Mientras un mercado sano requiere al menos un 4% de viviendas en alquiler, en Canarias no supera el 0,5%. Esa cifra no es un dato técnico: es un indicador de exclusión social.
La escasez se alimenta de factores estructurales: la falta de incentivos fiscales para arrendadores, la inseguridad jurídica derivada de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la ausencia de un parque público de alquiler asequible.
¿Por qué no hay más alquileres?
- Los propietarios prefieren vender antes que arrendar por la baja rentabilidad tras impuestos y gastos de gestión.
- No existen deducciones fiscales efectivas para particulares que alquilen a precios sociales.
- La normativa actual no protege suficientemente a los arrendadores frente a impagos o desocupaciones forzosas.
¿Qué ha cambiado con las últimas medidas del Gobierno de Canarias?
A finales de 2025, la emergencia habitacional parecía inabordable. En 2026, el Gobierno de Fernando Clavijo ha aprobado líneas de ayudas directas y ha reactivado suelo público para vivienda protegida. Pero, según Acegi, estas medidas son insuficientes sin una reforma fiscal paralela.
Los indicadores muestran cierta estabilidad en precios de vivienda usada, pero solo en el segmento alto. La mitad de las ofertas en portales inmobiliarios superan los 300.000 euros, y el stock de viviendas económicas en barrios tradicionales ha desaparecido casi por completo.
El rol del suelo y la planificación urbana
- El 70% del suelo apto para vivienda en Gran Canaria está en manos privadas y no se destina a promoción asequible.
- Las revisiones de los Planes Generales de Ordenación se retrasan hasta tres años, bloqueando nuevos desarrollos.
- No hay sanciones efectivas para suelos urbanizables sin edificar tras cinco años de inactividad.
¿Cuál es el marco legal y económico real que rige el sector?
La regulación inmobiliaria en Canarias opera bajo una doble capa: el ordenamiento estatal y la competencia autonómica en materia tributaria y urbanística. Esa dualidad genera incertidumbre. Por ejemplo, la Ley Canaria de Vivienda (2023) establece objetivos de oferta, pero carece de mecanismos de ejecución vinculantes.
Desde el punto de vista económico, el sector representa el 8,2% del PIB regional, pero su contribución al bienestar social se ha desacoplado del crecimiento. El Banco de España advierte que la carga fiscal inmobiliaria en Canarias supera en un 22% la media nacional.
Datos Clave
- Los impuestos suponen el 30% del precio final de una vivienda nueva en Canarias.
- El mercado de alquiler no alcanza el 0,5% de la oferta total, muy lejos del 4% recomendado por la UE.
- El precio de la obra nueva ha subido un 40% en los últimos dos años.
- Más del 50% de las viviendas en venta superan los 300.000 euros.
- El 70% del suelo edificable está en manos privadas sin compromiso de uso social.
El impacto económico va más allá del sector: la falta de vivienda asequible frena la atracción de talento, reduce la natalidad y aumenta la dependencia de ayudas sociales. Legalmente, la inacción fiscal contradice el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a una vivienda digna como objetivo de política pública. Sin bajar impuestos, cualquier política de vivienda queda incompleta.
