La llamada ‘cloaca del Estado’ es una red clandestina que operó entre 2024 y 2025 con el objetivo de manipular investigaciones judiciales sensibles. Sus integrantes, vinculados al entorno del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez, diseñaron una estrategia coordinada para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) y a la Fiscalía Anticorrupción, usando denuncias falsas, informes sesgados y presiones institucionales. El plan amenazó la independencia del Ministerio Público y puso en riesgo la integridad de causas como el caso Ábalos y el caso FGE.
¿Quiénes formaban parte de la cloaca del Estado?
Los documentos incautados a Leire Díez —ejecutora clave de la red— identifican a Santos Cerdán como su presunto coordinador. La trama incluía funcionarios, asesores jurídicos y agentes con acceso a información privilegiada. No se trataba de actores aislados: al menos treinta pasajes en los cinco informes apuntan a contactos directos con altos cargos del Ministerio Público, incluyendo reuniones con la mano derecha de Álvaro García Ortiz, entonces Fiscal General del Estado.
El rol de Álvaro García Ortiz
García Ortiz no está acusado de participación directa, pero su entorno inmediato aparece repetidamente en los documentos. Uno de los textos afirma: «Es la misma unidad que ha hecho los informes del FGE. Cayendo la (causa) de Ábalos, cae la del FGE». Esta frase revela una estrategia de contagio procesal: desestimar una causa para debilitar otras vinculadas institucionalmente.
¿Cuáles fueron los documentos clave de la cloaca?
Los cinco informes incautados constituyen la hoja de ruta operativa de la red. Todos fueron redactados entre noviembre de 2024 y abril de 2025. Su lenguaje no es técnico ni institucional: usan términos como «cloacas» para referirse a unidades de investigación, construyendo una narrativa de guerra interna entre órganos del Estado.
Los cinco informes y sus objetivos
- «Relato cloacas del Estado» (11/11/2024): Define la estrategia de deslegitimación de la UCO y Anticorrupción.
- «Incumplimientos» (19/11/2024): Lista supuestas irregularidades procesales para usar como base de denuncias.
- «Nervis Banco de España»: Analiza vulnerabilidades financieras de testigos clave.
- «Estado de situación» (16/01/2025): Evalúa avances en la presión sobre la Fiscalía General.
- «Acciones Cataluña» (27/04/2025): Detalla maniobras para influir en causas relacionadas con el independentismo.
¿Qué impacto económico y legal tuvo la cloaca?
La trama no solo atentó contra la separación de poderes, sino que generó costes reales. El caso Ábalos, por ejemplo, implicaba presuntos desvíos de fondos públicos por más de 12 millones de euros. Al intentar paralizarlo, la cloaca puso en riesgo la recuperación de esos recursos. Desde el punto de vista legal, sus acciones podrían configurar delitos de prevaricación, cohecho procesal y obstrucción a la justicia, según el artículo 416 del Código Penal.
Marco normativo aplicable
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) prohíben expresamente cualquier injerencia externa en las actuaciones fiscales. Además, la Directiva 2021/2117 de la UE exige garantías reforzadas para la independencia del Ministerio Público en Estados miembros.
¿Qué datos clave debemos retener?
- Los cinco documentos fueron incautados en diciembre de 2025 durante un registro a Leire Díez.
- La investigación está a cargo del juez Santiago Pedraz, del Juzgado Central de Instrucción número 4.
- Al menos 30 referencias en los informes apuntan a contactos con altos cargos del Ministerio Público.
- La red usó la etiqueta «cloaca» como arma discursiva para desacreditar a unidades de investigación legítimas.
- El plan incluía la fabricación de testimonios, la manipulación de informes periciales y la presión sobre testigos.
- El caso Ábalos y el caso FGE eran objetivos prioritarios por su potencial impacto político y económico.
La existencia de esta red evidencia una fractura grave en los controles internos del sistema de justicia. No se trata de una anomalía aislada, sino de un patrón sistémico que explota lagunas en la supervisión de la actuación fiscal y la coordinación entre órganos de investigación. Su descubrimiento ha activado revisiones en los protocolos de confidencialidad procesal, acceso a información reservada y control de reuniones entre fiscales y actores externos. El costo no es solo institucional: es de confianza ciudadana, y su recuperación exige transparencia real, no solo declaraciones.
