La población reclusa en Canarias sufre una doble condena: la privación de libertad y la negación sistemática de derechos sanitarios básicos. Falta de médicos, sobrecarga de internos y déficit crónico de personal técnico generan riesgos reales para la salud física y mental. La tensión en centros como Las Palmas II ha escalado a niveles insostenibles. CC OO exige una solución estructural, no paliativa. La transferencia de sanidad penitenciaria a la Comunidad Autónoma es urgente y legalmente viable.
¿Por qué la atención médica en prisiones canarias es insuficiente?
La falta de facultativos es el eje del colapso. En Las Palmas II y otros centros, los internos deben ser trasladados fuera para consultas básicas. Esto retrasa diagnósticos, interrumpe tratamientos y expone a riesgos innecesarios.
La sobrecarga del personal de enfermería
Sin médicos suficientes, las enfermeras asumen funciones clínicas que exceden su competencia. Esto eleva el estrés laboral y reduce la calidad de la atención. No hay protocolos actualizados ni formación específica para estos escenarios.
¿Qué dice el marco legal sobre la salud en prisión?
El artículo 25.2 de la Constitución Española garantiza el derecho a la salud para todas las personas, sin excepción. La Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) exige atención sanitaria integral y equitativa. Sin embargo, la gestión centralizada por el Ministerio del Interior impide adaptar los servicios a las necesidades reales del archipiélago.
La transferencia pendiente desde 2003
Canarias solicitó la asunción de sanidad penitenciaria en 2003. Veintitrés años después, sigue sin resolverse. La Comunidad Autónoma cuenta con un sistema sanitario consolidado (SUC), capaz de integrar estos servicios con protocolos propios y coordinación real con Atención Primaria y Salud Mental.
¿Cuál es el impacto económico de la inacción?
La falta de prevención y atención temprana eleva los costes a largo plazo. Los traslados externos generan gastos logísticos, seguridad y tiempo de personal. Las urgencias evitables saturan los hospitales públicos. Según estimaciones sindicales, la inversión en reforzar la atención primaria penitenciaria reduciría un 35 % los gastos derivados de complicaciones evitables.
La crisis de salud mental como indicador crítico
Más del 60 % de la población reclusa en Canarias presenta trastornos diagnosticables. Solo el 12 % recibe tratamiento continuo. La ausencia de psiquiatras y psicólogos especializados agrava conductas autolíticas, conflictos internos y reingresos tras la salida.
¿Qué datos clave revelan la gravedad real?
- El ratio médico-interno en Canarias es de 1:1.250 (el recomendado por el Consejo de Europa es 1:250).
- El 78 % de las consultas médicas se realizan fuera del centro penitenciario.
- Las listas de espera para especialistas superan los 90 días en el 92 % de los casos.
- El personal sanitario penitenciario ha disminuido un 18 % desde 2018.
- El 41 % de los internos con patologías crónicas no recibe seguimiento regular.
La doble condena no es una metáfora. Es una realidad jurídica, sanitaria y ética. La prisión no suspende derechos fundamentales. La salud no es un privilegio, sino una obligación estatal. La inacción prolongada no solo vulnera la LOGP: socava la credibilidad del sistema penitenciario como espacio de reinserción. La transferencia de competencias no es una reivindicación sectorial. Es una exigencia de coherencia institucional, eficiencia presupuestaria y respeto a la dignidad humana.
