El Cabildo de Gran Canaria ha activado un procedimiento para el cierre definitivo del Hogar de Acogimiento Residencial Almatriche, gestionado por Quórum Social 77. Los informes técnicos revelan fallos estructurales que ponen en riesgo la integridad física y emocional de los menores acogidos.
¿Qué irregularidades motivaron el procedimiento de cierre?
Los informes del 16 de abril de 2026 detallan múltiples incumplimientos. Entre ellos destacan la ausencia de control sanitario, la administración de fármacos sin prescripción médica, y la falta de seguimiento médico continuo.
Los menores no recibían atención adecuada ante patologías agudas ni crónicas. Tampoco se garantizaba la higiene personal mínima ni se registraban las visitas familiares obligatorias.
Fallos en la gestión operativa y protocolaria
La entidad no aplicó los protocolos de protección infantil exigidos por la Ley 10/2021 de Protección a la Infancia y la Adolescencia de Canarias. No respondió a requerimientos técnicos del Cabildo. No mantuvo registros actualizados de incidentes ni de intervenciones educativas.
¿Qué consecuencias legales puede tener Quórum Social 77?
El incumplimiento reiterado de obligaciones contractuales y normativas puede derivar en sanciones administrativas, rescisión de convenios y responsabilidad civil. En casos extremos, se podría activar la vía penal si se acredita negligencia grave o omisión de deber de cuidado.
La Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor exige que los centros garanticen el derecho a la salud, la educación y la integridad personal. El Cabildo actúa como autoridad competente en materia de protección infantil en Gran Canaria.
Marco económico del cierre
El centro recibía financiación pública mediante convenio con el Cabildo. Su cierre implica una reasignación inmediata de fondos para la reubicación y atención especializada de los menores. Cada plaza en centros residenciales de protección cuesta entre 2.800 y 3.500 euros mensuales. La reubicación de 12 menores (número estimado en Almatriche) representa un impacto presupuestario directo de al menos 400.000 euros anuales.
¿Qué medidas provisionales se aplican mientras se resuelve?
El Cabildo ha dispuesto la supervisión inmediata del centro y la evaluación individualizada de cada menor. Se ha iniciado el proceso de traslado a otros recursos de la red insular con capacidad y acreditación vigente.
Se ha activado el protocolo de emergencia para menores en situación de riesgo. Esto incluye acompañamiento psicológico, revisión médica urgente y coordinación con los equipos de intervención socioeducativa.
¿Qué plazo tiene la entidad para defenderse?
Quórum Social 77 dispone de diez días hábiles para presentar alegaciones y documentación respaldatoria. El plazo comienza a contar desde la notificación oficial del expediente. No se aceptarán alegaciones genéricas ni sin sustento técnico o documental.
Datos Clave
- El cierre se basa en informes técnicos fechados entre febrero y abril de 2026.
- Se detectaron fallos en control sanitario, administración de medicación, higiene personal y acompañamiento escolar.
- La resolución del 8 de mayo de 2026 es preliminar: aún no es firme ni ejecutiva.
- El Cabildo actúa bajo la Ley 10/2021 de Protección a la Infancia y la Adolescencia de Canarias.
- La reubicación de menores se prioriza según criterios de proximidad territorial, necesidades individuales y capacidad de acogida.
El caso refleja una falla sistémica en la supervisión de entidades privadas que gestionan servicios públicos esenciales. La falta de auditorías periódicas y de indicadores de calidad verificables ha permitido que las irregularidades se consoliden durante meses. El impacto no es solo institucional: afecta directamente al desarrollo psicosocial de menores en situación de vulnerabilidad. La respuesta debe ir más allá del cierre puntual: exige reformas en los mecanismos de control, formación obligatoria del personal y transparencia real en la gestión de fondos públicos destinados a protección infantil.
