El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de tres decisiones de LaLiga que excluyeron al FC Barcelona y al Real Madrid de votaciones clave en 2022. La razón: una recusación unilateral por parte de Javier Tebas, sin intervención de un tercero imparcial. La sentencia refuerza los derechos de asociación y el principio de juez natural en órganos colegiados del fútbol español. Su impacto trasciende lo deportivo: afecta la gobernanza, la distribución de ingresos por derechos audiovisuales y la credibilidad institucional de la patronal.
¿Por qué el Supremo anuló las decisiones de LaLiga?
La Sala Civil del Tribunal Supremo desestimó el recurso de LaLiga porque solo impugnó parcialmente la sentencia de la Audiencia Provincial. No cuestionó el fallo sobre la falta de imparcialidad procesal, el argumento más grave: que Javier Tebas, como presidente de LaLiga y del Órgano de Control de derechos audiovisuales, se erigió en juez y parte al recusar a los dos clubes.
Esto violó el principio de contradicción y el derecho de defensa. No hubo evaluación objetiva del supuesto conflicto de interés. El Supremo reafirmó que la recusación debe ser resuelta por un tercero independiente, no por quien la formula.
¿Qué dice la ley sobre los conflictos de interés en órganos colegiados?
El Código Civil y la Ley del Deporte exigen transparencia y equidad en los órganos de gobierno de las entidades deportivas. El artículo 22.2 de la Ley 10/1990 establece que los miembros de los órganos colegiados deben abstenerse cuando concurran causas de incompatibilidad o conflicto de interés. Pero la abstención no puede decretarse unilateralmente: requiere informe previo o resolución por instancia distinta.
Además, los estatutos de LaLiga prevén mecanismos de revisión interna. Su omisión en 2022 generó una vulneración estructural del debido proceso, no un mero error formal.
¿Cuál es el impacto económico real de esta sentencia?
La exclusión de Barça y Madrid afectó decisiones sobre la gestión centralizada de derechos audiovisuales, que representan más del 40 % de los ingresos de los clubes. En 2022, esos acuerdos definieron la distribución de 1.200 millones de euros anuales. Al anularse las votaciones, se reabren debates sobre la revisión de contratos, la repartición de ingresos y la validez de acuerdos adoptados sin la participación de los dos clubes más valiosos del mercado.
Esto también afecta la negociación con plataformas como DAZN y Movistar+, cuyos contratos incluyen cláusulas de gobernanza y representatividad.
¿Qué consecuencias tiene para la gobernanza del fútbol español?
La sentencia obliga a LaLiga a reformar sus procedimientos internos. Ya no basta con una decisión presidencial: se exige un comité de ética independiente, mecanismos de recursos previos a la votación, y registros públicos de abstenciones. Además, refuerza el rol de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en supervisar prácticas que afecten la competencia leal entre clubes.
Datos Clave
- La sentencia del Supremo confirma la nulidad de pleno derecho de tres acuerdos adoptados en marzo, abril y mayo de 2022.
- El conflicto de interés invocado por Tebas no estaba probado ni evaluado objetivamente.
- El Órgano de Control de derechos audiovisuales carecía de un mecanismo de revisión imparcial para recusaciones.
- La exclusión de Barça y Madrid afectó decisiones sobre 1.200 millones de euros anuales en derechos de transmisión.
- La sentencia sienta jurisprudencia para futuros conflictos en ligas profesionales y federaciones.
El fallo no se limita a un litigio entre clubes. Es un recordatorio jurídico: la gobernanza deportiva debe cumplir los mismos estándares de transparencia, imparcialidad y debido proceso que cualquier entidad económica regulada. LaLiga debe adaptarse —o enfrentar nuevas impugnaciones—. El fútbol español ya no puede operar bajo reglas no escritas.
