Koldo García Izaguirre, quien fue el hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo en un intento por frenar el juicio relacionado con la compra de mascarillas por parte de organismos dependientes del Ministerio de Transportes durante la pandemia. Este juicio está programado para comenzar el próximo 7 de abril y García ha argumentado en un documento de 58 páginas que el tribunal ha ignorado hechos relevantes que podrían influir en el caso.
Uno de los puntos centrales de su defensa es un incidente de nulidad de actuaciones, que es un trámite necesario para poder llevar el caso al Tribunal Constitucional. En su escrito, García sostiene que el Tribunal Supremo ha desestimado información crucial que ha sido presentada por su defensa, incluyendo lo que él califica como «filtraciones» a los medios de comunicación y la investigación en curso en la Audiencia Nacional. En particular, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que sugiere que la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, está implicada en irregularidades relacionadas con la contratación de material sanitario, es uno de los elementos que García considera que el tribunal ha pasado por alto.
### La Defensa de Koldo García y las Implicaciones del Informe de la UCO
El informe de la UCO, datado el 24 de febrero, establece que la Audiencia Nacional sigue investigando a Koldo García por los mismos ingresos en efectivo y operaciones patrimoniales que están en el centro del juicio. Según su defensa, esto implica una duplicidad procesal que está prohibida por la Constitución. García argumenta que el Tribunal Supremo no ha valorado adecuadamente estos hechos, lo que podría alterar la base del juicio.
Además, García ha expresado su preocupación por no tener acceso a copias de las actuaciones digitales que le fueron intervenidas, lo que, según él, le genera indefensión. La defensa ha señalado que la falta de acceso a estos documentos convierte el calendario de sesiones en una «vía de hecho» hacia una condena sin la posibilidad de una defensa adecuada. La abogada de García, Leticia de la Hoz, ha criticado la situación, afirmando que «la justicia no puede ser un espectáculo de filtraciones interesadas mientras se restringe el acceso al sumario a quien se juega su libertad».
García también ha mencionado que se han publicado mensajes de WhatsApp que le pertenecen, a los cuales su defensa no tiene acceso. Esto ha llevado a su equipo legal a argumentar que el Tribunal Supremo ha optado por ignorar información vital que podría influir en el resultado del juicio. La defensa ha insistido en que el tribunal ha marginado o desviado a otros órganos la información que han proporcionado, lo que podría comprometer el derecho de García a una defensa justa.
### La Cuestión de la Imparcialidad del Tribunal
Otro aspecto relevante del caso es la alegación de que el magistrado Julián Sánchez Melgar, quien fue fiscal general del Estado, debería apartarse del juicio debido a su vinculación con el Partido Popular, el cual actúa como acusación en este caso. La defensa de García argumenta que la participación de un magistrado con un historial en el ministerio fiscal, propuesto por un partido rival, pone en duda la imparcialidad del tribunal. Este argumento se basa en la premisa de que la apariencia de imparcialidad es fundamental en un procedimiento con una carga política tan fuerte, especialmente cuando se investiga a un exministro y a su asesor.
La defensa sostiene que obligar a Koldo a ser juzgado por un magistrado que ha sido nombrado por un gobierno que apoya a la acusación es una violación de su derecho a un tribunal imparcial. Este tipo de alegaciones son comunes en casos de alta política, donde las percepciones de parcialidad pueden influir en la confianza pública en el sistema judicial.
García ha solicitado que se eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para abordar la situación de su coacusado, Víctor de Aldama, quien también se enfrenta a cargos en este caso. La defensa ha señalado que el fiscal ha dejado entrever la posibilidad de una rebaja de pena para Aldama, lo que podría indicar un trato desigual en el proceso judicial.
El caso de Koldo García es un ejemplo de cómo las complejidades legales y las implicaciones políticas pueden entrelazarse en el sistema judicial. A medida que se acerca la fecha del juicio, las estrategias legales y las alegaciones de falta de imparcialidad seguirán siendo temas de debate y análisis, tanto en el ámbito legal como en la opinión pública. La defensa de García continúa luchando por lo que consideran un derecho fundamental: el acceso a una defensa justa y la consideración de todas las pruebas relevantes en su caso.
