La situación de los menores tutelados en Canarias ha cobrado protagonismo tras las recientes declaraciones de la jueza Reyes Martel, del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas. La magistrada ha expresado su preocupación por la desprotección de estos jóvenes y ha advertido sobre la necesidad de adoptar medidas si no se llega a un acuerdo sobre quién debe encargarse de su traslado. Este conflicto ha llevado a una reunión entre la Delegación del Gobierno y la Consejería de Presidencia, donde se han acordado crear grupos de trabajo para abordar la situación.
### La Reunión Crucial: Un Paso Hacia la Solución
El pasado jueves, tras el aviso de la jueza, el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, y la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, se reunieron para discutir el futuro de los traslados de menores con medidas judiciales. La jueza Martel había dejado claro que no se trata de quién tiene la competencia, sino de la urgencia de actuar. En este sentido, la reunión resultó en la decisión de establecer grupos de trabajo en ambas provincias para definir un nuevo plazo en el que la Policía Canaria asumirá la responsabilidad de estos traslados.
La consejera Barreto enfatizó la importancia de trabajar con respeto y lealtad institucional, y destacó que el objetivo es encontrar un horizonte claro para que la Policía Canaria pueda hacerse cargo de los traslados. Sin embargo, la situación no es sencilla, ya que la Delegación del Gobierno había manifestado su intención de que la Policía Nacional dejara de prestar este servicio a partir del 1 de febrero, lo que generó un conflicto directo con la administración autonómica.
### La Realidad de los Menores Tutelados en Canarias
En la actualidad, hay aproximadamente 700 menores bajo medidas judiciales en las Islas Canarias. De estos, más de 550 son varones y alrededor de 133 son jóvenes y adolescentes. La situación se complica aún más al considerar que más de 120 de estos menores se encuentran en régimen cerrado de internamiento o semiabierto. La jueza Martel ha señalado que es fundamental que se cumplan las resoluciones judiciales de manera oportuna, ya que el incumplimiento puede tener consecuencias graves para los menores, quienes a menudo enfrentan problemas de salud mental o están vinculados a grupos de riesgo.
Martel ha expresado su frustración ante la falta de cumplimiento de las órdenes de búsqueda y detención, señalando que hay casos en los que los menores no son trasladados a tiempo para citas médicas o para cumplir con otras resoluciones judiciales. Esto no solo pone en riesgo su bienestar, sino que también puede derivar en situaciones críticas, como el caso de una menor que fue encontrada embarazada tras haber estado desaparecida durante meses.
La jueza ha subrayado que la falta de recursos en la Policía Canaria, que cuenta con solo 287 efectivos, es un obstáculo significativo para garantizar la seguridad y el bienestar de estos menores. De hecho, solo 13 agentes están dedicados a la atención de menores, mientras que 31 están asignados a la custodia de edificios institucionales. Esta disparidad ha llevado a Martel a cuestionar la prioridad que se le da a la protección de los menores en comparación con otros aspectos de la seguridad pública.
### La Necesidad de Recursos y Compromisos
La situación de los menores tutelados en Canarias pone de manifiesto la necesidad urgente de recursos y un compromiso claro por parte de las autoridades para garantizar su protección. La jueza Martel ha dejado claro que no se trata de un problema político, sino de una cuestión de derechos humanos y de la obligación de cumplir con las resoluciones judiciales. La falta de acción puede llevar a consecuencias devastadoras para los menores, quienes ya enfrentan desafíos significativos en sus vidas.
La creación de grupos de trabajo entre la Delegación del Gobierno y la Consejería de Presidencia es un paso positivo, pero es crucial que se traduzca en acciones concretas y efectivas. La jueza ha advertido que, si no se toman las medidas necesarias, no dudará en adoptar acciones judiciales para garantizar que se respeten los derechos de los menores. Esto incluye la posibilidad de apercibir a las autoridades por desobediencia si no se cumplen las resoluciones judiciales en el tiempo adecuado.
La situación actual de los menores tutelados en Canarias es un reflejo de la necesidad de una mayor colaboración entre las distintas instituciones y de un enfoque más centrado en el bienestar de los jóvenes. La protección de los menores debe ser una prioridad, y es fundamental que se asignen los recursos necesarios para garantizar que se cumplan sus derechos y se les brinde el apoyo que necesitan para superar las dificultades que enfrentan.
La jueza Reyes Martel ha sido clara en su mensaje: la protección de los menores no puede ser un tema de debate político, sino una responsabilidad compartida que requiere acción inmediata y efectiva. La situación actual es insostenible y debe ser abordada con urgencia para evitar que más menores sufran las consecuencias de la falta de atención y recursos adecuados.
