La crisis migratoria en Canarias ha puesto de manifiesto la complejidad de gestionar el traslado de menores no acompañados a la península. Recientemente, el Gobierno de Canarias ha decidido suspender temporalmente estos traslados hasta finales de enero de 2026, debido a la falta de plazas disponibles en las comunidades autónomas de destino. Esta decisión ha generado preocupación y ha resaltado la necesidad de una respuesta más ágil y coordinada ante la llegada de estos menores.
La situación actual es crítica, ya que al menos 233 niños y niñas migrantes que ya residían en las islas antes de que se declarara la contingencia migratoria el 29 de agosto, están a la espera de ser trasladados. Según las autoridades canarias, las comunidades autónomas han solicitado un aplazamiento, confiando en que para finales de enero podrán ofrecer plazas adecuadas para estos menores. La consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha enfatizado que no se permitirá el traslado de los menores hasta que se garantice su acogida en otras regiones.
### La Gestión de Menores No Acompañados: Un Protocolo en Crisis
El protocolo de derivación establecido por la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería es claro: los menores que lleguen solos a Canarias deben ser trasladados a otras comunidades en un plazo de 15 días. Sin embargo, la realidad ha demostrado que este proceso no es tan sencillo. Las comunidades autónomas están enfrentando dificultades para encontrar espacios disponibles, lo que ha llevado a una acumulación de menores en las islas.
El Gobierno de Canarias ha tomado medidas para intentar agilizar el proceso. Desde septiembre del año pasado, se han contratado 39 personas para apoyar en la gestión de estos traslados, además de contar con el apoyo de Gestur, que proporciona asesoramiento y asistencia en la elaboración de expedientes y en la gestión de la protección internacional. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los menores reciban la atención y el apoyo que necesitan, incluyendo la autorización para participar en actividades escolares y la tramitación de su documentación.
A pesar de estos esfuerzos, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha señalado que 223 menores extranjeros no acompañados aún no han podido ser trasladados debido a la falta de agilidad en la gestión. Además, se ha informado que un centenar de expedientes han resultado desfavorables, ya sea porque los jóvenes han alcanzado la mayoría de edad o porque han establecido un arraigo en Canarias. De los 331 traslados favorables, solo se han ejecutado 108, lo que pone de relieve la necesidad de una revisión exhaustiva del sistema de protección y traslado de menores.
### Desafíos Políticos y Sociales en la Gestión de Menores Migrantes
La situación de los menores migrantes en Canarias no solo es un desafío logístico, sino también político. Durante una reciente reunión con el secretario de Estado de Juventud, Rubén Pérez, se discutieron los avances en la gestión de la migración en las islas. Pérez ha criticado al Partido Popular por las complicaciones que han surgido en el proceso, sugiriendo que la situación podría haber sido más manejable si se hubiera contado con su apoyo desde el principio. Esta dinámica política ha añadido una capa de complejidad a un problema que ya es difícil de resolver.
El sistema de protección canario ha sido objeto de críticas, y se ha señalado que podría haber hecho más para facilitar los traslados. La falta de coordinación entre las diferentes administraciones y la escasez de recursos disponibles para acoger a los menores son factores que han contribuido a la situación actual. Además, la necesidad de garantizar que se escuche la voz de los menores en este proceso es fundamental, ya que su bienestar debe ser la prioridad en cualquier decisión que se tome.
La crisis de los menores migrantes en Canarias es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas regiones de España y Europa. La llegada de migrantes, especialmente menores no acompañados, plantea desafíos significativos que requieren una respuesta integral y coordinada. La falta de plazas en las comunidades autónomas no solo afecta a los menores, sino que también pone presión sobre los recursos y servicios en las islas, que ya están lidiando con una crisis migratoria prolongada.
En este contexto, es crucial que se implementen soluciones sostenibles y efectivas que no solo aborden la situación inmediata de los menores, sino que también establezcan un marco a largo plazo para la gestión de la migración en Canarias y en toda España. La colaboración entre las diferentes administraciones, así como el apoyo de organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, será esencial para garantizar que se respeten los derechos de los menores y se les brinde la protección y el apoyo que necesitan en un momento tan vulnerable de sus vidas.
