La situación demográfica en Canarias ha generado un intenso debate en torno a las políticas que se implementan para abordar los desafíos que enfrenta el archipiélago. El Plan de Acción Ejecutivo de la Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial, presentado por el Gobierno de Canarias, ha suscitado críticas por parte de diversos colectivos sociales que consideran que las medidas propuestas no solo son insuficientes, sino que podrían agravar la desigualdad y la presión sobre el territorio. En este contexto, es fundamental analizar las propuestas del Gobierno y las alternativas que se están planteando desde la sociedad civil.
La Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial, que incluye 43 medidas y 428 acciones concretas, busca responder a la presión que sufre el territorio canario y a los problemas derivados de la saturación demográfica. Sin embargo, el colectivo «Canarias tiene un límite» ha manifestado su desacuerdo con el enfoque del plan, argumentando que perpetúa un modelo desarrollista que ha llevado a la isla a una situación de emergencia territorial. Según este colectivo, el plan no aborda las verdaderas necesidades de la población, como la moratoria turística, la ecotasa o la protección del suelo rústico y del litoral.
### Críticas a la Estrategia del Gobierno
Los críticos del Plan de Acción Ejecutivo sostienen que las medidas propuestas por el Gobierno no son más que una continuación de políticas que han demostrado ser ineficaces en el pasado. Aseguran que el documento no reconoce los límites del territorio canario ni ofrece soluciones reales a problemas como la vivienda, la movilidad o el consumo de recursos. En lugar de ello, se percibe un enfoque que busca expandir infraestructuras y facilitar la expansión urbana, lo que podría resultar en un aumento de la presión constructiva sobre un territorio ya frágil.
El colectivo «Canarias tiene un límite» ha presentado un documento alternativo titulado «80 y pico medidas para el cambio de modelo», que propone un enfoque diferente al del Gobierno. Este documento busca frenar el crecimiento descontrolado y plantea medidas que priorizan la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Los críticos argumentan que el plan del Gobierno ignora las demandas de más de 75 colectivos que, a través del proceso participativo «Canarias Palante», presentaron más de 1.200 propuestas para abordar los problemas que enfrenta la comunidad.
Uno de los puntos más controvertidos del plan es su enfoque en la modernización y sostenibilidad. Los colectivos ecosociales han señalado que las medidas presentadas como innovadoras son, en realidad, una continuación de políticas que han llevado al colapso ecológico e institucional de Canarias. La falta de un reconocimiento explícito de los límites del territorio y la ausencia de una autocrítica del modelo turístico extractivista son aspectos que generan preocupación entre los ciudadanos.
### Alternativas Propuestas por la Sociedad Civil
Frente a la estrategia del Gobierno, los colectivos sociales han comenzado a articular propuestas que buscan un cambio de modelo más profundo y sostenible. Estas alternativas se centran en la necesidad de establecer límites al crecimiento, así como en la implementación de políticas que prioricen el bienestar de la población y la protección del medio ambiente.
Una de las propuestas más destacadas es la implementación de una moratoria turística, que busca frenar el crecimiento desmedido del sector turístico y proteger los recursos naturales de las islas. Además, se plantea la necesidad de establecer una ecotasa que grave la actividad turística, destinando los ingresos a la conservación del medio ambiente y al desarrollo de infraestructuras sostenibles.
Asimismo, los colectivos abogan por la prohibición de la compra de vivienda por parte de no residentes, una medida que podría ayudar a aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario y garantizar el acceso a la vivienda para los canarios. También se propone un freno efectivo a los macroproyectos que amenazan el entorno natural y la calidad de vida de los habitantes.
La protección del suelo rústico y del litoral es otro de los puntos clave en las propuestas de la sociedad civil. Los colectivos consideran que es fundamental establecer regulaciones que impidan la urbanización descontrolada y garanticen la conservación de los espacios naturales. En este sentido, se hace un llamado a la participación ciudadana en la toma de decisiones, asegurando que las voces de la población sean escuchadas y tenidas en cuenta en la formulación de políticas.
En resumen, el debate sobre el futuro de Canarias se centra en la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Mientras que el Gobierno presenta un plan que busca abordar los desafíos demográficos, los colectivos sociales advierten que las medidas propuestas podrían agravar la situación y perpetuar un modelo insostenible. La búsqueda de alternativas que prioricen la sostenibilidad y el bienestar de la población es fundamental para garantizar un futuro viable para las islas.
