La situación de la vivienda vacacional en Canarias ha generado un intenso debate entre las autoridades locales y el Gobierno regional. Recientemente, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha respondido a las críticas de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) sobre la regulación de esta actividad. En este contexto, se han planteado diversas inquietudes sobre la implementación de la ley de vivienda vacacional y su impacto en los propietarios y en el sector turístico de la región.
La consejera ha enfatizado que no se emitirá un decreto específico para la actividad clasificada de las viviendas vacacionales, ya que todos los requisitos necesarios están claramente establecidos en el decreto 86/2013. Según de León, los ayuntamientos no necesitan interpretar la normativa, ya que esta ya proporciona un marco claro para la regulación. A pesar de esto, algunos municipios, como Mogán, han expresado su preocupación por la falta de claridad en la aplicación de la ley, lo que ha llevado a un enfrentamiento entre las autoridades locales y el Gobierno regional.
### La Resistencia de los Ayuntamientos ante la Nueva Ley
La alcaldesa Onalia Bueno ha manifestado su oposición a la ley de vivienda vacacional, argumentando que los ayuntamientos no deberían ser los responsables de comunicar a los ciudadanos si sus propiedades cumplen con la normativa. Según ella, esto representa una carga política y administrativa que los municipios no están dispuestos a asumir. En respuesta, de León ha señalado que esta resistencia se debe a una falta de valentía por parte de algunos ayuntamientos para afrontar la realidad de la regulación.
De León ha destacado que hay municipios que han adoptado un enfoque proactivo en la implementación de la ley, como La Oliva, que ha desarrollado un modelo claro para la actividad clasificada. Otros municipios, como Yaiza y Tías, también han seguido este camino, cumpliendo con los requisitos establecidos. La consejera ha subrayado que la normativa es clara y que no hay margen para la confusión, ya que el anexo 3 del decreto 86/2013 detalla los documentos necesarios para que los propietarios puedan cumplir con la ley.
La resistencia de algunos ayuntamientos a aplicar la ley puede estar relacionada con el temor a las repercusiones políticas que podrían surgir al tener que informar a los ciudadanos que sus viviendas vacacionales no cumplen con la normativa. De León ha afirmado que esta situación refleja una falta de compromiso por parte de algunos líderes locales para asumir sus responsabilidades en la regulación del sector.
### La Confusión entre Tipologías de Alojamientos
Uno de los puntos más controvertidos en el debate sobre la vivienda vacacional es la confusión entre diferentes tipos de alojamientos. De León ha criticado a Bueno por mezclar las categorías de apartamentos turísticos y viviendas vacacionales. Según la consejera, los apartamentos turísticos no pueden ser comercializados como viviendas vacacionales debido a su clasificación en suelo turístico y a las licencias que poseen. Esta distinción es crucial, ya que afecta directamente a la capacidad de los propietarios de apartamentos para cumplir con la normativa de actividad clasificada.
La consejera ha señalado que la ley de actividad clasificada establece que todos los alojamientos turísticos, incluidos los hoteleros y extrahoteleros, deben cumplir con ciertos requisitos. Sin embargo, las viviendas vacacionales tienen un tratamiento diferente, ya que operan bajo un régimen de declaración responsable, lo que significa que los propietarios deben presentar un proyecto técnico que certifique que cumplen con la normativa. Este proceso ha sido adoptado por muchos propietarios en Canarias, quienes han comenzado a cumplir con los requisitos establecidos.
De León ha invitado a los propietarios a consultar con el Colegio de Ingenieros para obtener información sobre los costos asociados a la obtención de los informes necesarios, que oscilan entre 500 y 1,000 euros. Esta inversión, según la consejera, es razonable y necesaria para garantizar que las viviendas vacacionales cumplan con la normativa vigente.
### El Futuro de la Regulación de la Vivienda Vacacional
A pesar de las tensiones entre el Gobierno regional y los ayuntamientos, la consejera ha afirmado que hay margen para mejorar la ley de vivienda vacacional. Se han propuesto enmiendas que se incluirán en una próxima ley, que se debatirá en breve. Estas enmiendas incluyen la derogación de una disposición transitoria que ha generado controversia, así como la extensión de un plazo para que los propietarios puedan presentar sus actividades clasificadas.
La Fecam ha solicitado medidas cautelares para suspender los plazos de consolidación de la vivienda vacacional hasta que se aclare el régimen de actividades clasificadas. Sin embargo, de León ha argumentado que no hay necesidad de clarificaciones adicionales, ya que la normativa ya es clara y está bien definida. La consejera ha enfatizado que los ayuntamientos deben asumir su papel en la regulación y que no pueden eludir sus responsabilidades.
El futuro de la vivienda vacacional en Canarias dependerá de la capacidad de los ayuntamientos para adaptarse a la nueva normativa y de su disposición para trabajar en colaboración con el Gobierno regional. La situación actual refleja un desafío significativo, pero también una oportunidad para establecer un marco regulatorio que beneficie tanto a los propietarios como al sector turístico en su conjunto. La clave estará en la voluntad política de los líderes locales para enfrentar la realidad y garantizar que la regulación se aplique de manera efectiva y justa.
