El riesgo de apagones en las Islas Canarias, especialmente en Gran Canaria y Tenerife, ha alcanzado niveles alarmantes. Con una infraestructura eléctrica envejecida, que promedia más de 25 años de antigüedad, la situación se ha vuelto crítica. A pesar de las promesas de renovación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, los avances han sido escasos. Desde hace más de un año, se espera la resolución de un concurso para instalar casi 1.000 MW de potencia, pero la falta de noticias sugiere que la espera podría extenderse aún más. Mientras tanto, las soluciones temporales, como la planta de Salinetas, avanzan lentamente, dejando a la población en un estado de incertidumbre respecto a su suministro eléctrico.
La situación ha llevado al Gobierno de Canarias a considerar soluciones alternativas, como la instalación de una central eléctrica flotante en el puerto de Las Palmas. Esta propuesta fue discutida en una reciente reunión técnica, donde se destacó la necesidad urgente de contar con una fuente de energía adicional para evitar un colapso en el sistema eléctrico. El buque ‘Karadeniz Powership Onur Sultan’, que tiene una capacidad de generación de 125 MW, podría ser la respuesta a este desafío. Actualmente, la demanda eléctrica en Gran Canaria ha alcanzado picos de 550 MW, mientras que la generación ronda los 1.000 MW, lo que pone de manifiesto la necesidad de contar con más capacidad de generación que de demanda.
La instalación de esta central flotante no está exenta de controversias. A pesar de que el director general de Energía del Gobierno de Canarias, Alberto Hernández, ha señalado que esta solución podría cubrir más del 30% de la demanda eléctrica, las preocupaciones medioambientales han surgido entre los participantes de la reunión. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, expresó su preocupación por el impacto ambiental que podría tener el buque, que opera quemando gasoil. Aunque se argumenta que contamina menos que las centrales actuales, la instalación de una planta que depende de combustibles fósiles sigue siendo un tema delicado.
El buque, de 175 metros de eslora y 25 de ancho, requeriría ocupar 200 metros de muelle en el puerto, un espacio que ya es limitado. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, mostró su escepticismo respecto a la propuesta, señalando que el puerto no puede permitirse perder más espacio. Además, se estima que el buque podría estar atracado entre tres y cinco años, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad a largo plazo de esta solución. El costo de alquiler del buque también es un factor a considerar, ya que se estima que superaría los 10 millones de euros anuales.
A medida que la situación eléctrica en Canarias se vuelve más crítica, la necesidad de soluciones efectivas se vuelve cada vez más urgente. La instalación de una central eléctrica flotante podría ser una medida temporal para mitigar el riesgo de apagones, pero también plantea desafíos significativos en términos de sostenibilidad y espacio. La comunidad y los responsables políticos deben encontrar un equilibrio entre la necesidad inmediata de energía y las preocupaciones ambientales que surgen con este tipo de soluciones. La búsqueda de alternativas más sostenibles y eficientes debe ser una prioridad, ya que el futuro energético de Canarias depende de decisiones acertadas en el presente.
