La situación de los menores migrantes en Canarias ha sido un tema de creciente preocupación en los últimos años, especialmente en el contexto de la crisis migratoria que ha afectado a las islas. Recientemente, el Gobierno de Canarias ha enfrentado críticas por la falta de controles sobre la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, que gestiona varios centros para menores. La imputación de cuatro de sus directores por presunta malversación de fondos públicos ha puesto de relieve las dificultades que enfrenta el Ejecutivo regional en la gestión de esta crisis.
**Desafíos en la Gestión de Menores Migrantes**
El aumento significativo en el número de centros para menores, que pasó de 20 a 85 en un corto período, ha desbordado la capacidad del Gobierno canario para garantizar los derechos de los niños y adolescentes. Según el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, la falta de colaboración del Estado ha complicado aún más la situación. «Era muy complicado garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y darles el mejor tratamiento en cada centro», afirmó Cabello, subrayando que la crisis migratoria ha creado un entorno de máxima tensión y hacinamiento.
La Fundación Siglo XXI, que actualmente alberga a 225 menores, llegó a tener más de 600 en sus instalaciones. La decisión de no cerrar los centros durante el pico de la crisis se basó en la necesidad de encontrar espacio para estos menores, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la gestión y el control de los recursos públicos. A pesar de que los directores imputados han sido apartados de sus funciones, el Gobierno no ha rescindido el contrato con la fundación, argumentando que hacerlo sin una justificación clara podría conllevar indemnizaciones.
**Investigación y Responsabilidad**
La investigación que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción se centra en hechos ocurridos entre 2020 y 2022, un período que coincide con la gestión de un gobierno anterior. Cabello ha señalado que la presunta malversación de 2,4 millones de euros se produjo en un contexto de dejación de funciones por parte del Gobierno de entonces, presidido por Ángel Víctor Torres. Esta situación ha generado un debate sobre la responsabilidad política y administrativa en la gestión de los recursos destinados a la atención de menores migrantes.
El ministro Torres ha expresado su respeto por la investigación judicial y ha solicitado que se esclarezcan todos los hechos. «Puede haber habido, y eso lo dirá la justicia, actuaciones absolutamente fuera de lo que exige la ley», afirmó, enfatizando la importancia de que la investigación llegue hasta el final. La situación actual ha llevado al Gobierno de Canarias a implementar servicios de control más exhaustivos para garantizar una mejor gestión de los recursos públicos.
La crisis migratoria en Canarias no solo plantea desafíos logísticos y administrativos, sino que también pone de relieve la necesidad de un enfoque más integral y colaborativo en la gestión de los menores migrantes. La falta de recursos y la presión constante sobre los centros han llevado a una situación en la que los derechos de los menores pueden verse comprometidos, lo que exige una respuesta coordinada y efectiva por parte de todas las partes involucradas.
**El Futuro de la Atención a Menores Migrantes**
A medida que la crisis migratoria continúa, el Gobierno de Canarias se enfrenta al reto de garantizar que los derechos de los menores sean respetados y que reciban la atención adecuada. La implementación de nuevos procedimientos de control y la negociación de un convenio que unifique los servicios y precios son pasos necesarios para mejorar la situación actual. Sin embargo, la falta de recursos y la presión constante sobre los centros siguen siendo obstáculos significativos.
El futuro de la atención a menores migrantes en Canarias dependerá en gran medida de la capacidad del Gobierno para adaptarse a las circunstancias cambiantes y para trabajar en colaboración con otras entidades y organizaciones. La transparencia en la gestión de recursos y la rendición de cuentas serán fundamentales para restaurar la confianza en el sistema y garantizar que los menores reciban la atención y protección que necesitan.
La crisis migratoria en Canarias es un recordatorio de la complejidad de los desafíos que enfrentan las sociedades contemporáneas. La atención a los menores migrantes no solo es una cuestión de política pública, sino también de derechos humanos y dignidad. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial seguir de cerca la evolución de la situación y las respuestas del Gobierno y de la sociedad en su conjunto.
