Las incapacidades temporales han experimentado un aumento significativo en España desde la llegada de la pandemia, con un incremento del 85% en los últimos años. Este fenómeno ha llevado a un aumento en el gasto público y privado, alcanzando cifras alarmantes que superan los 29.000 millones de euros. Ante esta situación, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social han comenzado a contratar detectives privados para investigar posibles fraudes en las bajas laborales, creando un nuevo triángulo en el mercado laboral que involucra a trabajadores, empresas y profesionales de la investigación.
El aumento de las incapacidades temporales ha generado preocupación entre las empresas y la Administración, que se preguntan cuántas de estas bajas son realmente necesarias y cuántas son fraudulentas. En el último trimestre, el número de trabajadores ausentes ha aumentado un 2,3%, lo que equivale a 1,56 millones de personas. Este incremento ha llevado a las mutuas a intensificar sus esfuerzos para verificar la legitimidad de las bajas, utilizando investigadores privados que aportan pruebas objetivas sobre la situación de los trabajadores.
### La Contratación de Detectives Privados
Las mutuas han adjudicado más de un centenar de contratos a detectives privados en los últimos cinco años, con un presupuesto que se aproxima a los diez millones de euros desde 2020. Estos profesionales son contratados para verificar la veracidad de las incapacidades temporales, analizando la conducta de los trabajadores y recopilando pruebas que puedan ser utilizadas en procesos judiciales. Sin embargo, su labor no consiste en determinar si un trabajador puede o no regresar a su puesto, sino en comprobar si las actividades que realiza son compatibles con la dolencia que justifica su baja.
Los detectives reciben información básica sobre el trabajador a investigar, como su nombre y domicilio, pero no tienen acceso a diagnósticos médicos completos debido a la protección de datos. A partir de esta información, elaboran un plan de actuación que incluye la observación directa y el análisis de la actividad del investigado en redes sociales. Su objetivo es determinar si la conducta observada contradice la incapacidad alegada.
El trabajo de los detectives se ha vuelto crucial en un contexto donde las bajas laborales alcanzan cifras récord. La Asociación de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (AMAT) ha solicitado al Gobierno medidas urgentes para reforzar la vigilancia de las bajas sospechosas, destacando la necesidad de una mayor supervisión para evitar el abuso del sistema.
### Tipos de Fraude y Casos Reales
El fraude en las bajas laborales puede manifestarse de diversas maneras. Desde aquellos que simplemente no desean reincorporarse a sus puestos de trabajo, hasta quienes utilizan su incapacidad para realizar otras actividades, como trabajar en empleos no declarados. Los detectives han identificado varios perfiles de trabajadores que cometen fraude, desde aquellos que alegan dolencias difíciles de comprobar hasta quienes se declaran de baja para estudiar o buscar un nuevo empleo.
Las bajas de carácter psicológico son especialmente complejas de investigar y acreditar. Según los detectives, determinar un fraude en estos casos requiere una combinación de indicios conductuales, contextuales y médicos. En los últimos años, este tipo de incapacidad ha alcanzado cifras récord, con una tasa de 53,3 trabajadores por cada 1.000 en 2024, lo que ha llevado a un aumento en las investigaciones por parte de las mutuas.
Casos recientes han demostrado la eficacia de las investigaciones realizadas por detectives privados. En varias sentencias, el Tribunal Supremo ha validado el uso de pruebas obtenidas por detectives para justificar despidos disciplinarios de trabajadores que realizaban actividades incompatibles con su baja. Por ejemplo, un mecánico que trabajaba por cuenta propia mientras estaba de baja y un profesor de artes marciales que impartía clases durante su incapacidad por ansiedad fueron despedidos tras ser investigados.
La creciente demanda de servicios de investigación privada en el ámbito laboral ha llevado a los detectives a admitir que están desbordados y que deben rechazar muchos contratos. Sin embargo, algunos profesionales creen que la solución al problema del fraude en las bajas laborales radica en sanciones más severas, incluso la posibilidad de encarcelamiento para aquellos que cometen estafas. La situación actual plantea un desafío tanto para las empresas como para la Seguridad Social, que deben encontrar un equilibrio entre proteger los derechos de los trabajadores y garantizar la sostenibilidad del sistema.
