La situación de los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en Canarias ha alcanzado un punto crítico, según la reciente memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias. Este informe destaca la falta de regulación legal que afecta a estos centros, donde se alberga a migrantes que, en muchos casos, se encuentran en condiciones inadecuadas y vulnerables. La Fiscalía ha hecho un llamado urgente para que se establezca una ley que regule estos espacios, que actualmente operan sin un marco normativo claro.
**Condiciones Inadecuadas en los CATE**
Los CATE en las islas, que incluyen instalaciones en Barranco Seco (Gran Canaria), Lanzarote, Fuerteventura, San Andrés (El Hierro) y Las Américas (Tenerife), han sido objeto de inspecciones que revelan condiciones alarmantes. La Fiscalía ha señalado que las infraestructuras de algunos de estos centros no son adecuadas para albergar a personas, y en particular, el CATE de El Hierro ha sido criticado por su uso de tiendas de campaña, lo que lo convierte en un lugar vulnerable a las inclemencias del tiempo.
A pesar del aumento significativo en la llegada de migrantes, que alcanzó las 46,843 personas en 2024, los recursos disponibles siguen siendo temporales y no están diseñados para ofrecer un alojamiento digno. La Fiscalía ha calificado al CATE de Barranco Seco como una «instalación modélica», pero esto contrasta con las condiciones de otros centros que requieren atención inmediata.
La falta de regulación no solo afecta a las condiciones físicas de estos centros, sino que también plantea serias preocupaciones sobre la privación de libertad de los migrantes. La Fiscalía ha subrayado que la organización de estos centros depende del comisario de Policía correspondiente, lo que añade un nivel de incertidumbre y falta de supervisión adecuada.
**Desafíos en la Protección de Menores Migrantes**
Uno de los aspectos más preocupantes de la situación migratoria en Canarias es el aumento de menores migrantes no acompañados. En respuesta a este fenómeno, la Fiscalía de Las Palmas ha creado un Servicio de Protección de Menores No Comunitarios, que se encarga de la determinación de la edad y la tutela de estos jóvenes. Sin embargo, el informe revela que el número de expedientes de determinación de la edad ha disminuido un 25% en comparación con el año anterior, lo que sugiere que las llegadas de menores han disminuido, pero también refleja la eficacia de los procedimientos de cribado implementados.
A pesar de estos esfuerzos, la Fiscalía ha identificado dificultades en la valoración de documentos de identidad, especialmente en el caso de los pasaportes de Gambia, que han sido utilizados por adultos para hacerse pasar por menores. Esta situación resalta la complejidad del fenómeno migratorio y la necesidad de un enfoque más integral y coordinado para abordar la protección de los menores.
**Trata de Seres Humanos y Criminalidad**
La memoria de la Fiscalía también aborda el preocupante tema de la trata de seres humanos. En 2024, se iniciaron varios procedimientos relacionados con la explotación laboral y sexual, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de los migrantes en los CATE. La Fiscalía ha destacado la dificultad de detectar a las víctimas de trata en estos centros, donde la falta de personal cualificado y la escasa interacción dificultan la identificación de situaciones de explotación.
Se han abierto investigaciones sobre organizaciones que facilitan la inmigración ilegal, y se han presentado numerosas causas en la provincia de Las Palmas. Sin embargo, la Fiscalía ha señalado que la legislación actual no es suficiente para abordar adecuadamente estos delitos, lo que ha llevado a la necesidad de modificar el artículo 318 bis del Código Penal para penalizar de manera más efectiva a quienes se benefician de la inmigración irregular.
**Llamado a la Acción**
La situación en los CATE de Canarias es un reflejo de la crisis migratoria que enfrenta el archipiélago. La falta de regulación y la inadecuación de las instalaciones no solo afectan a los migrantes, sino que también plantean desafíos significativos para las autoridades locales y nacionales. La Fiscalía ha hecho un llamado a la creación de una ley integral que aborde la trata de seres humanos desde todas sus perspectivas, no solo desde un enfoque penal, sino también desde un enfoque social y de derechos humanos.
La urgencia de esta situación requiere una respuesta coordinada y efectiva que garantice la dignidad y los derechos de los migrantes, especialmente en un contexto donde las llegadas continúan y las condiciones en los centros de atención son cada vez más críticas. La creación de un marco legal claro y la implementación de políticas adecuadas son pasos fundamentales para abordar esta crisis de manera efectiva.
