La reciente ola de megaincendios en España ha puesto de manifiesto la urgencia de abordar la crisis climática de manera efectiva y colectiva. En respuesta a esta situación, el Gobierno ha propuesto un Pacto de Estado por la emergencia climática, una iniciativa que, aunque llega tarde, podría representar una oportunidad única para involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones. Este pacto, impulsado por la presión de la sociedad civil y la comunidad científica, busca establecer un marco de colaboración que permita enfrentar los desafíos ambientales actuales y futuros.
La propuesta de un Pacto de Estado no es nueva; en junio de 2023, un grupo de ciudadanos y científicos presentó una demanda formal para su creación, enfatizando la necesidad de un acuerdo basado en la ciencia y la participación ciudadana. Este colectivo, conocido como Democracia por el Clima, aboga por la creación de Asambleas Ciudadanas por el Clima, que funcionarían como órganos permanentes de deliberación y decisión a nivel autonómico y local. La experiencia de otros países europeos demuestra que este modelo puede ser efectivo para generar un diálogo inclusivo y constructivo sobre las políticas climáticas.
Sin embargo, la implementación de este pacto enfrenta varios obstáculos. La coalición de gobierno, que en 2023 no logró captar el clamor social por un acuerdo climático, ahora se ve presionada a actuar debido a la magnitud de los incendios. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado el pacto en un contexto de crisis, intentando mitigar la protesta social mientras despliega recursos militares para combatir los fuegos. Esta situación plantea la pregunta de si el pacto será un verdadero compromiso o simplemente una medida reactiva ante la presión pública.
### La Necesidad de un Compromiso Real
El Partido Popular (PP), que inicialmente se opuso al Pacto de Estado, ha mostrado disposición para participar en las negociaciones, lo que podría ser una oportunidad para redefinir su postura sobre la política ambiental. Sin embargo, su historial de alianzas con Vox ha erosionado su credibilidad en este ámbito, lo que complica su capacidad para liderar un cambio significativo. La necesidad de diferenciarse de posturas extremas y adoptar una agenda ecológica más responsable es crucial para recuperar la confianza de los votantes.
Por otro lado, la izquierda española también enfrenta un desafío. Aunque el Pacto de Estado podría ser una solución a corto plazo, debe ir más allá de un simple acuerdo entre partidos. Es esencial que se convierta en un movimiento popular que conecte con la ciudadanía y aborde las preocupaciones sobre la justicia social y ambiental. Desde la declaración de emergencia climática en 2020, los partidos progresistas no han logrado establecer un vínculo sólido con la mayoría de la población, lo que limita su capacidad para implementar transformaciones profundas.
La falta de un modelo alternativo al oligopolio energético y la desconexión entre las políticas propuestas y las necesidades de la ciudadanía han generado desafección y división dentro de la izquierda. La experiencia de la Asamblea por el Clima de 2022, que no recibió el respaldo político necesario, subraya la importancia de aprender de los errores pasados y construir una cultura de participación efectiva.
### El Reto del Ecologismo Social
El Pacto de Estado también representa un reto significativo para el ecologismo social, que se encuentra en una encrucijada. A menudo percibido como desconectado de las luchas locales, el movimiento ecologista ha sido criticado por su falta de apoyo a las comunidades afectadas por proyectos de energías renovables. La reciente controversia en torno a las macroplantas fotovoltaicas y eólicas ha evidenciado la necesidad de un enfoque más inclusivo y colaborativo.
La erosión de la confianza en las grandes ONG, especialmente entre los jóvenes, es un fenómeno preocupante. La desconexión entre las organizaciones ecologistas y la ciudadanía puede llevar a un debilitamiento del movimiento en su conjunto. La propuesta de un Parlamento Ciudadano Climático Permanente, presentada por Greenpeace y Oxfam, es un paso en la dirección correcta, pero su éxito dependerá de la voluntad de las organizaciones para trabajar juntas y renovar su enfoque hacia un cambio democrático.
La falta de integración de la participación ciudadana en las declaraciones de apoyo al Pacto de Estado por parte de las ONG históricas refleja una resistencia a reconocer la importancia de la voz ciudadana en la toma de decisiones climáticas. Si el ecologismo no aborda esta desconexión, corre el riesgo de ser irrelevante en la lucha contra la crisis climática.
La emergencia climática exige un relato democrático que desafíe los intereses establecidos y fomente un sentido de comunidad. La movilización de miles de personas en Valencia y Galicia demuestra que existe un deseo de acción colectiva. Sin embargo, para que el Pacto de Estado sea efectivo, debe ser un acuerdo honesto y amplio que incluya a la ciudadanía en su diseño y ejecución. Solo así se podrá construir un futuro sostenible y justo para todos.
