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Aunque resulte una obviedad, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) deben cumplirse en todos sus términos. En lo que respecta a Canarias, la ley de los PGE para 2018, en la que para su aprobación, como ya sucediera el año anterior, fue esencial el voto del diputado de Nueva Canarias (NC) en el Congreso Pedro Quevedo; tiene en estos momentos varios y relevantes asuntos pendientes de desarrollo.

Asuntos que, de no impulsarse debidamente en tiempo y forma, pueden significar la pérdida de numerosos e importantes recursos para la economía y el empleo en el Archipiélago. Me estoy refiriendo a programas de competencia estatal, a los créditos a transferir a las instituciones canarias y a numerosos convenios que se encuentran pendientes de su desbloqueo por el Gobierno socialista. Afectan a áreas de inversión y a políticas sociales muy sensibles además de suponen varios miles de millones de euros en los próximos cuatro años.

Por eso, y conscientes de lo mucho que se juega la sociedad de las Islas, los hombres y las mujeres de esta tierra, NC antes del pasado verano hizo pública su preocupación ante el notable retraso del Gobierno que preside Pedro Sánchez en poner en marcha los numerosos convenios pendientes entre instituciones de nuestra comunidad y el Estado. Llamábamos entonces y volvemos a hacerlo hoy, dos meses después, a que el Ejecutivo del PSOE actúe con agilidad y sensibilidad hacia un Archipiélago con graves problemas económicos y sociales, con altos niveles de desempleo, con elevada pobreza, con muy negativos parámetros sociales, con deficiencias en sus infraestructuras y dificultades en los servicios públicos.

Una comunidad, la canaria, que durante muchos ejercicios ha estado financiada muy por debajo de la media estatal de los territorios de régimen común como consecuencia del modelo de financiación autonómica, aprobado en 2009 por el PSOE estatal con el Gobierno canario de CC y PP. Una situación que hemos empezado a superar con la separación de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de la financiación autonómica a partir de 2017.

Al inicio de la nueva etapa del Gobierno socialista hemos tenido un fuerte tropiezo con el ministro José Luis Ábalos, que retrasó la puesta en marcha del 75% de descuento en los billetes aéreos y marítimos entre Canarias y el resto del Estado -una de las conquistas incluidas en las cuentas públicas estatales para 2018 con carácter permanente en el tiempo, como antes ocurriera, en los presupuestos estatales de 2017, respecto a los viajes interinsulares. Generó una innecesaria incertidumbre, llegando incluso a afirmar, lo recordarán, que la medida no podría implementarse hasta enero de 2019. Era, como se demostró, un problema de competencia, sensibilidad y voluntad política.

Hay medidas de las cuentas públicas que se aplican de manera automática, como las que afectan a la financiación de la comunidad. Pero hay otras que precisan de la gestión del Ejecutivo estatal, como el transporte de mercancías. Algunas más, para su desarrollo, exigen la redacción y firma de convenios entre el Gobierno estatal y las administraciones públicas canarias, tanto el Gobierno de Canarias como los ayuntamientos y cabildos. Es en estas últimas en las que se viene produciendo un retraso que pone en riesgo su aplicación práctica.

Urgencia

Desde el pasado mes de julio, venimos advirtiendo a la opinión pública y trasladando al gabinente de Sánchez, la urgencia en la tramitación de esos convenios sin que, hasta ahora, se haya avanzado de manera suficiente. A escasos tres meses y medio para finalizar el año, nos encontramos ya en el tiempo límite para solventar el asunto y es justo que Canarias, su Parlamento y Gobierno, y el conjunto de su sociedad, reclamen lo que nos corresponde.

Se trata de casi un centenar de convenios, de distintas temáticas y de diverso calado, a suscribir por el Gobierno estatal con las instituciones canarias y que afectan a proyectos, obras y programas. Con dos significativos problemas. Primero, que, como corresponde, se agilicen y firmen. Segundo, que se garantice el tiempo necesario para la ejecución de las partidas presupuestarias. Entre otros, el que afecta al plan de lucha contra la pobreza, muy significativo en un territorio, el canario que encabeza los datos de pobreza y exclusión social así como de pobreza infantil en el Estado. Este plan, que logramos incluir a través de nuestras enmiendas a las cuentas públicas estatales para 2018, se encuentra dotado, este año, con 30 millones de euros.

Empleo, educación y carreteras

Otros muchos e importantes asuntos se encuentran pendientes de la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, de sus ministerios, direcciones generales y secretarías de Estado. Unos hacen referencia a la depuración y tratamiento de aguas residuales, en los que algunos municipios canarios integran la denuncia de la UE contra España. Otros están vinculados a las carreteras, la vivienda -que es hoy un problema en auge por las cada vez mayores dificultades de acceso a la misma-, al apoyo a la educación infantil de cero a tres años (en cuya implantación nos encontramos a la cola del Estado) así como las infraestructuras educativas, dotado con 42 millones de euros y que se prolongará en posteriores ejercicios. Sin olvidar los referidos al Plan Integral de Empleo (42 millones de euros) y los recursos que corresponden a las islas en el Plan estatal contra la Violencia de Género.

Asimismo, dentro del amplio grupo de convenios pendientes, figuran los que afectan a las medidas sociales del Plan Integral de Jinámar, en Telde. Otra treintena de documentos están referidos a los siete cabildos insulares y a decenas de municipios de todas las islas, destinados a asuntos como la reforma de las infraestructuras turísticas, las mejoras en empleo, el desarrollo de obras dirigidas a la eficiencia energética, la investigación geotérmica además de la adquisición de vehículos eléctricos.

No estamos hablando del impacto presupuestario de un ejercicio. El convenio de carreteras, por ejemplo, suponen 200 millones de euros anuales este y los próximos tres años, además del acuerdo extrajudicial por la sentencia favorable a Canarias tras la denuncia del Ejecutivo de Paulino Rivero al Estado por su incumplimiento. En conjunto, se eleva a los 1.200 millones de euros. Igualmente, el de infraestructuras educativas son 42 millones de euros para este y los tres años siguientes, es decir, más de 160 millones de euros, y el de obras hidráulicas. El conjunto de convenios pendientes de firmar supone, por tanto, varios miles de millones de euros a los que Canarias no puede renunciar.

Nos encontramos, como señalaba anteriormente, en el tiempo límite. Esperamos que el presidente Sánchez cumpla con sus compromisos con las Islas, expresados en el debate de la moción de censura que apoyamos. Pretendemos, además, que las futuras cuentas públicas para 2019, si las hay, consoliden los derechos conquistados en los dos últimos presupuestos estatales porque no suponen otra cosa que dar respuesta a la más diferenciada y alejada de las comunidades del Estado.