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La decisión de la jueza del caso grúas de dar traslado del mismo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias es sin duda un paso más, que se añade a la imputación de José Alberto Díaz y a la del portavoz local de Coalición Canaria, Antonio Pérez Godiño.

Ahora la jueza se suma a las tesis de la Fiscalía y de la Audiencia Provincial, tres voces que comparten en sus escritos la posibilidad de la existencia de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

También hay que recordar que la Audiencia Provincial incluyó en su escrito el presunto delito de tráfico de influencias, para el que hemos pedido la testificación de José Padilla, propietario inicial de Autogrúas Poli SL, que tanto en su declaración ante la Guardia Civil, como ante la Comisión de Investigación de las grúas municipales, afirmó que fue utilizado para la contratación a dedo de personas designadas por los responsables políticos, en un claro ejemplo de tráfico de influencias.

Ante esta situación creemos que en La Laguna no podemos quedarnos de brazos cruzados, siendo como es cada vez más evidente que la posible prevaricación, malversación y el tráfico de influencias se hizo sobre las arcas municipales, que fueron las que sustentaron este proceso de privatización. Por ello hemos entendido que era necesario que el Pleno lagunero retome el dictamen de la Comisión de Investigación desarrollada en 2016 y 2017, esta vez sin anomalías que vulneraban incluso el criterio de la Secretaria del Pleno, sobre la votación de dos de los imputados en esa sesión. Creemos que la representación democrática de los laguneros y laguneras no puede quedarse solo con la declaración ambigua y tramposa que se aprobó en julio de 2017, debe quedar constancia de lo que ya en ese entonces era vox populi y que ahora está siendo ratificado en sede judicial, no se gestionaron bien los recursos públicos, se hizo mal uso del Ayuntamiento.

Ahora dirán que todo se hizo por el interés general, pero la realidad es que detrás de todo solo se escondía el entramado de poder de Coalición Canaria y sus formas, como consecuencia directa de ello y, según los informes del área responsable de este servicio, la ciudadanía entre 2003 y 2005 pasó a pagar casi 150.000 euros anuales más para que responsables políticos locales pudieran poner a dedo a una serie de personas en la empresa que gestionaba la retirada de vehículos de la vía pública, según las declaraciones de su propietario. La ciudadanía además pagó con sus impuestos los 120.000 euros que el Ayuntamiento "prestó" a la empresa de grúas, en contra de los informes del Interventor municipal, para poder mantener en manos de presuntos afines el servicio, a pesar de los incumplimientos muy graves o gravísimos, que según algunos informes técnicos obligaban a rescindirles el contrato.

Hay que ser claros, por mucho barniz que le quieran dar a este asunto para pintarlo como una simple denuncia política. Fernando Clavijo, José Alberto Díaz y Antonio Pérez Godiño están en esta situación por no escuchar ni hacer nada ante más de treinta escritos de parte de los trabajadores y trabajadoras de esta empresa que denunciaban serias irregularidades en el servicio, como impagos de nóminas de más de un año, vehículos sin papeles para prestar el servicio o robos de piezas en el propio depósito municipal...nada serio hicieron para investigar los hechos que les relataban y ahora empezamos a ver algunas de sus consecuencias.

Confiamos en la justicia, a pesar de los numerosos ejemplos pasados de connivencia entre el poder político y judicial. Esperamos que el TSJ atenderá los escritos de las partes y que en breve plazo, tal vez incluso antes de que este artículo sea publicado, se producirá la primera declaración como imputado de Fernando Clavijo, además de las declaraciones de testigos claves que hemos pedido y que seguramente ayudarán a ampliar sensiblemente el marco de las investigaciones.