Participantes en las marchas por las pensiones dignas organizadas este mes por CC.OO. y UGT, que culminaron con una gran manifestación en Madrid La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advierte de que en las próximas décadas será "particularmente difícil" en España que las mujeres y las personas con niveles educativos bajos logren una pensión "decente". Según un informe publicado este miércoles por esta organización, el envejecimiento acelerado que va a sufrir España agravará los problemas generados por los ingresos insuficientes y la desigualdad entre los futuros pensionistas.bn

En el capítulo dedicado a España del informe titulado Prevenir la desigualdad en el envejecimiento, el organismo internacional subraya que esa situación se producirá en un país que, en este momento, "no tiene redes de seguridad fuertes que redistribuyan las pensiones", al contrario de lo que sucede en muchos países de la OCDE, que sí cuentan con complementos a las pensiones más bajas.

Como causas de esa precariedad de las pensiones futuras, la OCDE apunta al elevado nivel de paro (que afecta más a los colectivos con menor nivel educativo), la creciente dificultad para lograr estabilidad en el empleo y unos ingresos adecuados -especialmente en el caso de los jóvenes que no alcanzan la Educación Secundaria- y las bajas tasas de empleo entre los mayores de 55 años.

Todos esos factores se agravan en el caso de las mujeres (sobre todo, para aquellas con niveles educativos más bajos), que tienen menores tasas de empleo, salarios más bajos y carreras laborales más cortas, ya que muchas abandonan el mercado laboral para cuidar a sus hijos y/o a sus padres.

La OCDE avisa que esa situación ya de por sí grave empeorará debido al envejecimiento acelerado que va a experimentar España, que le convertirá en el segundo país más envejecido de la OCDE, sólo superado por Japón.

Así, calcula que en 2050, habrá 76 personas con más de 65 años por cada 100 que tengan entre 20 y 64 años.

Ese envejecimiento tendrá consecuencias en todas las políticas, desde la presión para financiar las pensiones al aumento de las necesidades de cuidados sanitarios, pasando por la posible falta de mano de obra.

Ante esa situación, el informe señala como reto para España que pueda lograr un crecimiento económico que no excluya a nadie.

Además, considera urgente que los gobernantes actúen para afrontar los desafíos del envejecimiento de la población y las desigualdades del mercado laboral.

En ese sentido señala a dos puntos críticos de actuación: para los trabajadores mayores, extender la vida laboral para no desaprovechar su capacidad de trabajo y contribuir a aumentar sus pensiones, y para los jóvenes, asegurar una transición suave entre la escuela y el trabajo, limitar el perjuicio de la pérdida de empleo y combatir el paro de larga duración con el objetivo de que puedan lograr una renta decente en la jubilación.