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Sociedad

El STEC-IC cuantifica en algo más de 1.800 millones de euros el presupuesto educativo para 2018 si se quiere cumplir con la LEC

Dicha cifra implicaría un incremento de 214 millones respecto a 2017

La Ley Canaria de Educación (LEC), aprobada en julio de 2014, establece que “el presupuesto educativo deberá situarse progresivamente, dentro de los ocho años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, como mínimo en el 5% del producto interior bruto”.

Sin embargo, la evolución de los presupuestos de los tres últimos años no ha ido en esa línea, más bien al contrario, desde entonces han ido decreciendo en términos de PIB, alejándonos cada vez más del objetivo fijado en la LEC.

Solo con la inyección de los 50 millones, vía crédito extraordinario, de la segunda mitad de 2017, se consiguió evitar que el balance final arroje cifras de auténtica vergüenza. Finalmente la inversión educativa quedó situada en 1.658.170.731€, lo que supone el 3,75% del PIB canario.

Teniendo en cuenta lo anterior y que, tras haber perdido 3 preciosos años, ya solo quedan 5 para cumplir con el objetivo marcado por la LEC (alcanzar el 5% del PIB en 2022), la inversión educativa debe crecer a un promedio de 0,25 puntos porcentuales cada año hasta 2022, en que se debería alcanzar el 5%.

Por lo tanto, el presupuesto educativo para 2018 debe alcanzar el 4% del PIB. Además, tomando como referencia las previsiones del BBVA para la economía canaria que señalan un crecimiento del PIB del 3% en 2018, éste alcanzaría los 45.596,46 millones de euros, por lo que el 4% que debe representar el presupuesto de educación supone en términos absolutos alcanzar los 1.822.297.285 €, es decir, 214.126.554 € más que en 2017. Esta cifra representa un crecimiento interanual del presupuesto educativo del 13,3%.

El STEC-IC se ve en la necesidad de recordarle a la Consejera y al Presidente del Gobierno que tienen una obligación con la población canaria, cumplir y hacer cumplir las leyes, y la LEC no es una excepción. Ahora no vale decir que es un objetivo difícil o que ya no va a dar tiempo de cumplirla.

Para el STEC-IC no es admisible que la Consejera de Educación, Soledad Monzón, haga manifestaciones públicas en las que afirma que alcanzar el 5% del PIB en los presupuestos de educación “está siendo un objetivo difícil”, máxime cuando al mismo tiempo la Consejera de Economía anuncia el propósito del Gobierno de Canarias de aplicar rebajas fiscales. Ambas declaraciones ponen de manifiesto que para este gobierno y su presidente, Fernando Clavijo, no es una prioridad cumplir con el mandato parlamentario reflejado en la Ley Canaria de Educación, que contó con el aval de más de 35.000 firmas y de diversas organizaciones defensoras de la Educación Pública, entre las que se encuentra el STEC-IC.

Por otra parte, el 5% del PIB podría ser una inversión adecuada si se partiera de una situación razonablemente satisfactoria. Sin embargo, teniendo en cuenta las carencias que actualmente presenta la educación pública en Canarias, y los importantes recortes sufridos a lo largo de la última década (en Canarias los recortes empezaron antes de la crisis), el STEC-IC considera que dicha inversión debe elevarse hasta el 7% del PIB hasta que todas las carencias del sistema educativo queden superadas.

Asimismo, el STEC-IC denuncia públicamente que, cuando la crisis afectó a la economía provocando la disminución del PIB, se produjeron, casi de inmediato, fuertes recortes en el presupuesto educativo. Sin embargo, ahora que llevamos muchos meses de crecimiento económico y que el PIB ha recuperado las cifras previas a la crisis, ese crecimiento no se refleja en el presupuesto educativo. Es decir, cuando la economía va mal, el presupuesto educativo merma rápida y severamente pero, cuando la economía mejora, el crecimiento del presupuesto educativo es mucho menor y más lento.

El STEC-IC exige a CC y a la consejera de Educación menos promesas y que demuestren con hechos que de verdad apuestan por la Educación pública.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y los representantes de siete sindicatos docentes han firmado el nuevo modelo retributivo del profesorado no universitario, que incluye el pago de sexenios vinculados a la formación, como ocurre en el resto de comunidades autónomas. 

"Es un buen acuerdo", un primer paso insuficiente dentro del Plan de Reconocimiento Profesional y Social del Profesorado para poner en valor la profesión y sus responsabilidades, dijo Clavijo tras la firma del acuerdo. El compromiso, que se aplicará de forma progresiva entre 2018 y 2022, supone un incremento presupuestario anual de 80 millones de euros al final del periodo y permitirá a partir de 2018 un ingreso adicional de 35 euros mensuales para un profesor al principio de su carrera hasta más de 400 al final, en función de los sexenios que acumulen.

El incremento salarial cada seis años está vinculado al cumplimiento de unos objetivos de formación, explicó la consejera de Educación, Soledad Monzón, quien señaló que el acuerdo incluye el reconocimiento salarial de otras funciones como dirección, tutoría, coordinación de convivencia o seguridad laboral. El presidente Clavijo indicó que este acuerdo responde a una demanda histórica del profesorado, que veía cómo "tenía uno de los salarios más bajos del Estado", una situación que ahora "se empieza a revertir".

El objetivo del Plan de Reconocimiento Profesional y Social del Profesorado en el que se inserta este acuerdo es recuperar el prestigio de los profesionales y favorecer su formación continua para así mejorar la educación de las nuevas generaciones, indicó. Los representantes de los sindicatos consideraron positivo este acuerdo, porque supone una equiparación salarial con el resto de docentes españoles después de más de diez años demandándolo, aunque lo consideran un primer paso entre las reivindicaciones que mantienen para mejorar el sistema educativo, como la recuperación de las 18 horas lectivas.

El compromiso, que se aplicará de forma progresiva entre 2018 y 2022, supone un incremento presupuestario anual de 80 millones de euros

José Manuel Barroso, de CCOO, dijo que en estos años se ha producido una importante pérdida de poder adquisitivo de los profesores canarios, pero es muy positivo que se incorporen los sexenios a partir de 2018 y el resto de complementos desde 2019. "La unidad sindical ha permitido conseguir los sexenios, ha sido un trabajo conjunto", dijo Barroso, quien confió en que el inicio de curso sea prometedor y este acuerdo sea un elemento motivador para los docentes.

Pedro Crespo, de ANPE, calificó de "histórico" para el profesorado canario este acuerdo, no solo por la mejora retributiva, sino por la consideración social y profesional que supone para la profesión el marco general que se está acordando con la Consejería. "Esta Consejería y este Gobierno han dado un gran paso para seguir mejorando la condición social y profesional de la profesión docente", subrayó.

Gerardo Rodríguez, portavoz del STEC-Intersindical Canaria, dijo que su sindicato ha firmado el acuerdo porque supone haber conseguido una demanda de justicia como es equiparar sus condiciones salariales a las del resto del Estado. Pero anunció que seguirán demandando la rebaja de las horas lectivas hasta las 18 horas y racionalizar el horario del cuerpo de maestros, así como que la educación de 0 a 3 años sea pública y gratuita.

José Ángel Amador, de Insucan-CSIF, destacó que el acuerdo es positivo pero "esto no acaba aquí", porque de momento las cantidades no están consolidadas en los presupuestos. Francisco Bautista, de UGT, también insistió en que este acuerdo es un principio de la recuperación de todo lo que han perdido los docentes desde 2008, e incidió en la necesidad de consolidar el empleo de los 7.000 trabajadores de la educación pública canaria.