Oriol Pujol, en una imagen de archivo

El exdirigente de CDC Oriol Pujol ha aceptado este miércoles una condena de dos años de cárcel por cobrar comisiones ilegales de empresarios en el caso de las ITV, en un pacto al que se han sumado los otros cinco imputados en el caso, lo que le evitará ser juzgado por un tribunal popular.

Según han informado fuentes jurídicas, el acuerdo, que se ha firmado en la sede de la Fiscalía y deberá ser rubricado ante la presidenta del jurado, incluye una condena de dos años de cárcel para el empresario Sergi Alsina, amigo íntimo de Oriol Pujol, y penas de cárcel sustituibles por una multa de 83.210 euros para Anna Vidal, esposa del exdirigente y exdiputado de CDC.

El acuerdo alcanzado impedirá que el caso ITV sea juzgado por un tribunal popular, después de que el pacto parcial que Oriol Pujol firmó el año pasado con la Fiscalía se frustrara, por decisión de la magistrada presidenta del jurado, porque el acuerdo no abarcaba a todos los acusados.

El pacto se ha desencallado una vez Alsina y el exnúmero dos de la Diputación de Barcelona Josep Tous, que ha aceptado cinco meses de cárcel sustituibles por una multa de 22.500 euros, se hayan avenido a sumarse al acuerdo tras mantener negociaciones con la Fiscalía para obtener beneficios en las otras causas derivadas del caso ITV que tienen abiertas.

Pujol rebajó la petición inicial de cinco años de prisión al confesar

En virtud de este acuerdo, Oriol Pujol, único hijo del expresidente catalán Jordi Pujol que se dedicó a la política, ha logrado rebajar a dos años y medio la petición inicial de cinco años y dos meses de prisión que formulaba la Fiscalía, a cambio de reconocer que cobró comisiones de empresarios afines por utilizar su influencia política para favorecer sus negocios.

El político convergente, que se ha conformado además con un decomiso de 311.000 euros y una multa de 76.000 euros, ha admitido que cobró esas comisiones ilegales por favorecer a los empresarios investigados en varias operaciones mercantiles, en las que llegó a facilitarles el acceso al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Entre las operaciones en que Pujol reconoce haber intervenido figura la reconversión industrial de Sharp en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y la deslocalización de la compañía Yamaha.