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El Tribunal Supremo confirma la responsabilidad a título lucrativo por el caso Nóos de la infanta Cristina, pero ha reducido la cuantía fijada inicialmente por la Audiencia de Palma hasta los 136.950 euros al eliminarse su responsabilidad civil en los delitos de malversación de caudales públicos y de fraude a la Administración por los que fue condenado su marido, Iñaki Urdangarín. Sin embargo, los 128.000 euros rebajados deberán ser pagados por su cónyuge.

La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo se ha pronunciado este martes sobre la sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Palma y estima parcialmente el recurso presentado por Ana María Tejeiro, la mujer del exsocio de Urdangarin, que argumentó que no es posible la participación a título lucrativo en delitos de defraudación tributaria -la defensa de la infanta Cristina no presentó ningún recurso-.

Esta decisión se hace extensible a la hermana del rey Felipe, ya que ambas están consideradas del mismo modo en este procedimiento, si bien el Tribunal Supremo establece una condena mayor para Tejeiro, que tendrá que pagar 172.550 euros -la Audiencia le había impuesto 344.934 euros- [ver la sentencia del Tribunal Supremo del caso Nóos, en pdf].

El Supremo: eludir el pago de impuestos no enriquece

La infanta fue condenada a abonar 265.088 euros más intereses en la sentencia de la Audiencia de Palma de Mallorca por los delitos fiscales cometidos por su marido. Ahora el alto tribunal reduce esta cuantía en 128.138 euros.

Lo hace argumentando que no hay precedentes de que se haya aplicado este tipo de responsabilidad civil en un delito fiscal y cree que solo abarca los delitos de enriquecimiento, es decir, los que producen beneficios económicos directos para engrosar el patrimonio del autor, pero no los que consisten en un impago, como es el caso de los delitos fiscales.

El Supremo interpreta así que "no se puede participar de lo generado por un delito que no reporta directamente bienes sino que evita una disminución del patrimonio" al eludir el pago de impuestos, que lo que conlleva es "retener" lo que ya se tenía. Además, añade que las indemnizaciones en favor de la Hacienda Pública no son iguales que una responsabilidad civil nacida de delito, sino "una deuda tributaria, regida por la legislación tributaria".