Resultado de imagen de patricia hernandez Nueve colectivos -Queremos Movernos, la Asociación Comarcal de Integración Social, la Coordinadora de Personas con Discapacidad, la Asociación para la Igualdad de Oportunidades de Personas con Discapacidad, AFES Salud Mental, Fasican, Funcasor, la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias y la Asociación de Sordociegos de Canarias- han decidido presentar alegaciones al texto porque "no da respuesta" a sus demandas". Quieren más tiempo y "participación real" para que el documento suponga un salto en su calidad de vida.

"La ley que se apruebe funcionará durante unos 30 años", el mismo tiempo que ha estado vigente la actual, por lo que "no puede ser un copia y pega de las propuestas que ha hecho la sociedad civil de manera independiente", explicó Raúl Cordero, uno de los portavoces.

Una de las preocupaciones de las asociaciones que suscriben las alegaciones tiene que ver con la ausencia de una evaluación de los servicios sociales disponibles en el Archipiélago. Las entidades llevan tres legislaturas instando a la administración a elaborar un mapa de los servicios sociales, de manera que los usuarios sepan qué recursos existen y cómo funcionan. Solo a partir de ese diagnóstico sería viable redactar una ley ambiciosa que, además, lleve aparejada una ficha financiera.

A su juicio, las prisas no han sido buenas consejeras. Según la plataforma, la ley se ha tramitado sin cauces de participación eficaces, a pesar de las reuniones programadas por la Consejería. Reconocen que se ha convocado a todos los sectores, pero lamentan que se haya hecho de forma independiente, sin propiciar un diálogo entre las partes que derivara en la construcción de una norma nueva y eficaz.

El abogado que asesora a los colectivos, Ubay Ferrera, cree que el Gobierno ha usado "tres técnicas ancestrales de mala praxis legislativa: el "copia y pega" de disposiciones estatales o de otras disposiciones autonómicas, la "elevación de rango de las normas reglamentarias" y el finalmente se hará". "No quiero decir que el texto no aporta nada nuevo porque no sería verdad, pero debería partir de la realidad", lamentó.

A pesar de las críticas, los colectivos reiteraron que están a disposición de la Consejería de Políticas Sociales para ayudar a modificar la norma y lograr un marco legislativo acorde con los nuevos tiempos y las necesidades.

Una de las alegaciones presentadas por los colectivos de la discapacidad ha sido motivada por la desconexión de normas. En otras palabras, los afectados echan en falta que la ley incluya mecanismos que conecten los distintos textos legales que inevitablemente se entrelazan. Si se habla de la ley del menor habrá que concretar cómo funcionarán ambas normas y a qué derechos se tendrá acceso. Lo mismo ocurre con unas administraciones y otras. No basta, denuncian, que se diga que Sanidad y Políticas Sociales se pondrán de acuerdo.

Las asociaciones firmantes piden que se revise el modelo de participación social y que el Consejo General de Servicios Sociales sea un mecanismo de participación real no sujeto a la voluntad política.

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