Resultado de imagen de clavijo en el parlamento

El Parlamento de Canarias aprobó la ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2017 con los votos a favor de CC y PSC -que los calificó de proyecto político "compartido"- a los que se sumó el respaldo de ASG .

Finalmente las tensiones que en las últimas semanas ha atravesado el pacto de gobierno autonómico entre CC y PSC no se materializaron en la votación del proyecto presupuestario para los próximos doce meses, que supera los 7.300 millones de euros, el de mayor crecimiento en el gasto de los últimos cinco años.

Los grupos que sustentan al Gobierno rechazaron todas las enmiendas de la oposición con el argumento de que como contrapartida implican la baja de partidas económicas importantes, pero Podemos logró que se aprobase por unanimidad una propuesta de destinar 10.000 euros para proteger los podomorfos en la montaña de Tindaya.

Sin embargo, fueron las discrepancias en torno al reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) lo que ocupó la mayor parte de la exposición de los grupos y al respecto el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, lo consideró un plan "para mejorar la posición electoral de algunos".

"Ustedes necesitan recuperarse electoralmente pero no lo hacen defendiendo ideas y alternativas, sino utilizando recursos para hacer clientelismo y política de bajos vuelos", añadió.

Propuso a los socialistas "que se líen la manta a la cabeza" y que voten lo que piensan y sienten en las enmiendas al Fdcan porque, aseguró, si el PSC "se enrolla" mañana empieza una nueva etapa en la política canaria "que será buena hasta para el Gobierno", proclamó Rodríguez quien, al bajar del escaño, chocó la palma de la mano con la de la popular Australia Navarro.

Ironizó también sobre el hecho de al menos el presidente Fernando Clavijo y el líder de ASG, Casimiro Curbelo, han mantenido la misma postura desde el principio "la idear el reparto clientelar", por lo que hay que reconocerles "firmeza y coherencia" en contraposición "con las piruetas" de PP y PSC, que no sabe si está "en un lado o en otro".

Al respecto, Casimiro Curbelo advirtió de que con los nuevos criterios del Fdcan Gran Canaria suma más de 35 millones de euros, cuestionó a Román Rodríguez si esto le parece mal, y señaló que en la "algarabía" en torno al Fdcan la posición política del Cabildo grancanario ha sido "insolidaria y egoísta como ninguna".

Por el grupo nacionalista canario la diputada Guadalupe González Taño advirtió de que el Fdcan se ha basado en un acuerdo previo con cabildos y ayuntamientos "pese a quien le pese" y acusó a Román Rodríguez de usar este fondo para intentar "derrotar" al presidente del Gobierno.

Respecto a los presupuestos, González Taño dijo que consolidan la recuperación económica para que llegue a todos los canarios a través de la cohesión territorial, apuestan por la prioridad social, ponen en valor la identidad y el acervo cultural, lo que atribuyó a CC.

El portavoz del grupo Socialista, José Ignacio Álvaro Lavandera, lamentó que gran parte del debate sobre el proyecto presupuestario autonómico "se lo lleve" el Fdcan y avisó a Casimiro Curbelo que "no hay mayor riesgo para la solidaridad entre islas que el fomento del insularismo", pues si alguien tiene las mayores posibilidades de ganar en este debate "no son las islas más débiles".

Aseveró también Lavandera el PSC se siente "copartícipe e identificado" con el criterio de reparto del Fdcan basado en el REF que es "más acorde a las necesidades de Canarias".

Son unos presupuestos que responden a los principios del PSC de justicia social y solidaridad "a los que nunca renunciaremos" y que van a sacar a Canarias de la cola de la ley de Dependencia, entre otros asuntos, pues quien diga que no son unos presupuestos sociales "miente".

También justificó el rechazo a las enmiendas de los grupos de la oposición porque en su mayor parte, dijo Lavandera, son inviables al pedir la baja de gastos necesarios para el funcionamiento del Gobierno y por lo tanto para la prestación de los servicios públicos.

Por ello objetó que la propuesta del PP de rebajar los impuestos, y en concreto el IGIC, no tiene en cuenta que afectaría a los fondos de cabildos y ayuntamientos "y no estamos en disposición".

El diputado del grupo Popular Jorge Rodríguez criticó el proyecto presupuestario por carecer de objetivos para relanzar la economía canaria, su complacencia con un modelo poco justo de sociedad, mantener una injusta presión fiscal y "no dar la cara" por los servicios públicos de calidad.

"Se trata de una política presupuestaria que realmente es un contrato doloso lleno de trampas y leonino para la mayoría de los canarios. Son un castigo y la evidente constatación de que las necesidades de los canarios no son la prioridad del Gobierno", aseveró.

Concepción Monzón, diputada de Podemos, destacó entre las enmiendas presentadas por su grupo la que pretende una mejor gestión de los nombramientos del personal interino y la que cuestiona el incremento de las tasas autonómicas en un uno por ciento.

Para la parlamentaria, el aumento de la recaudación debía suplir este aumento de las tasas y en todo caso su aplicación debe tener en cuenta las rentas del afectado.

Asimismo reiteró la enmienda de su grupo contra la exención total del impuesto de sucesiones y donaciones y defendió que ésta sea solo para sujetos pasivos cuya base imponible no supere los 300.000 euros.

El estudio y análisis de los entes y empresas públicas, fue otra de las enmiendas defendidas por la parlamentarias de Podemos, quién criticó propuestas de otros grupos como la creación de una escala de empleados públicos sin tener en cuenta la negociación con las organizaciones sindicales.

Entre las enmiendas rechazadas al grupo Podemos se encuentra una que defendió su portavoz, Noemí Santana, que pedía reducir en 350 euros al mes el salario de cada diputado autonómico, lo que redundaría en un ahorro de 250.000 euros que se podrían destinar a la Audiencia de Cuentas y el Comisionado de la Transparencia.

Al respecto el portavoz socialista José Ignacio Lavandera afirmó que la propuesta de Podemos es "postureo" porque sólo le interesa el titular "y el descrédito de la democracia representativa".

Trabajo Social: "Las cuentas canarias de 2017 no garantizan ni justicia social ni derechos"

El Colegio de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas y la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales creen que las cuentas canarias de 2017 no garantizan ni la justicia ni los derechos sociales de los 800.000 isleños que viven bajo el umbral de la pobreza.

Así lo han estimado hoy en una rueda de prensa ambos colectivos, que han reclamado unos presupuestos "justos y solidarios" que atiendan la realidad social de Canarias, donde 280.000 personas carecen de ingresos o perciben unos inferiores a los 332 euros mensuales y otras 260.000 no pueden hacer frente al menos a cuatro de los nueve conceptos de consumo básico.

A ello se suma el hecho de que el 20,8 % de la población con menos de 60 años viva en hogares con baja intensidad del empleo.

Para dar respuesta a estas realidades, el anteproyecto de ley de presupuestos de la comunidad canaria para 2017 destina 201 euros anuales por persona, el 6,7 % del total, para empleo, política social y vivienda, ha criticado la representante de la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redescan), Koldobi Velasco.

Para acción social, el anteproyecto de ley consigna 302 millones, lo que se traduce en una inversión de 143 euros al año por persona, y 377 euros si sólo se repartiera directamente entre el colectivo que sufre situaciones de empobrecimiento.

Velasco ha precisado que sólo para atender la garantía de ingresos de los más necesitados, las cuentas sociales de 2017 deberían incrementarse en 300 millones de euros más, de ahí que considere que el reparto definitivo del Fdcan acordado ayer por el Consejo de Gobierno haya sido una nueva oportunidad perdida para destinar las partidas que corresponde gestionar al Ejecutivo regional a la financiación de necesidades básicas como la vivienda, la alimentación, el pago del agua o la garantía de una renta económica.

Estos colectivos también critican que para el próximo año se aumente en 39 millones de euros los pagos a empresas privadas, familias y ONG, lo que consideran que es un "síntoma del desmantelamiento del sistema público" de protección social.

Frente a ello, se recortan programas como el de prestaciones, prevención en política del menor y la familia, atención a la discapacidad o fomento del empleo.

Para la Prestación Canaria de Inserción se consignan 48 millones de euros, cuya distribución entre los potenciales beneficiarios implicaría 60 euros al año para cada uno de ellos.

Velasco ha comparado la cuantía de esta partida con los 40 millones que el Gobierno canario prevé destinar en 2017 a sus relaciones con los medios de comunicación.

También ha destacado que mientras que en 2016 los presupuestos concentraban en Sanidad y Acción Social su gasto social, que representaba el 47 % del total, de cara al nuevo ejercicio se ha incluido Justicia en este epígrafe, que supone el 49 % del gasto total, lo que dificulta conocer el incremento real de estas partidas.

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