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Así lo ha anunciado Julio Pérez, que no ocultó que el Ejecutivo tiene un "enorme disgusto" por este incidente, que afectó a 450.000 clientes, lo que equivale a casi un millón de personas, y que no puede ser considerada como "una incidencia que ocurre de vez en cuando". Julio Pérez ha indicado, además, que se ha dado un plazo de quince días a las compañías Red Eléctrica de España (REE) y Endesa para que presenten la documentación correspondiente sobre este suceso, que será estudiado en los quince días siguientes por la Consejería de Transición Ecológica para determinar las causas y exigir responsabilidades.

El portavoz del Gobierno ha señalado que, según la información que ha transmitido el consejero del área, José Antonio Valbuena, la primera impresión es que la causa del apagón del pasado domingo está en el ámbito de actuación de Red Eléctrica de España y que todo apunta a que no fue un mero accidente. Pérez señaló, también, que las compañías eléctricas ya han remitido la documentación que acredite que sus instalaciones han sido sometidas a las revisiones periódicas que exige la ley, la cual será examinada por la Consejería. En el caso de que existan responsabilidades, las sanciones podrán ir de los 6 millones a los 60 millones de euros.

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