Tras adaptarse a la nueva Ley de Contratos del Sector Público -en un tiempo "récord", según el Gobierno-, Canarias tratará de "sacar todo el jugo" a esta norma estatal para añadir más cláusulas de tipo social y medioambiental a los contratos que la Administración autonómica firme con las empresas a las que adjudique la ejecución de obras y la prestación de servicios.

La Consejería de Hacienda -a través de la Dirección General de Patrimonio y Contratación- prevé iniciar en las próximas semanas -y finalizar en junio o julio- un proceso participativo junto a organizaciones empresariales y sociales para que la contratación pública incorpore nuevas condiciones que garanticen buenas condiciones laborales a los trabajadores de las empresas que desarrollen obras y servicios públicos.

El Ejecutivo regional aprobó hace alrededor de un mes los nuevos pliegos que regirán en el Archipiélago la contratación con la Administración autonómica y sus empresas públicas. Ahora, se trata de llevar estas normas al ámbito empresarial y social para explorar "en qué medida son mejorables y qué cláusulas sociales y medioambientales pueden definirse para sacarle provecho a la ley", explica el director general de Patrimonio y Contratación, Francisco González.

La Ley de Contratos del Sector Público -que entró en vigor el pasado marzo- recoge la obligación para las empresas adjudicatarias de cumplir al menos una de las condiciones sociales, ambientales o relacionadas con el empleo que se plantean en el texto, pero el Gobierno canario pretende "ir más allá del mínimo" que establece este marco.

En la orden por la que se aprobaron los pliegos figura la recomendación a los órganos de contratación de tener en cuenta los criterios de carácter social y medioambiental incluidos en las directrices de las que se dotó el Gobierno canario en 2016 y, en particular, dos de ellos: que en la plantilla que ejecutará el contrato haya un porcentaje de contratación indefinida superior al 50% y que las empresas mejoren las condiciones laborales y salariales establecidas en los convenios sectorial y territorial de aplicación.